EL PERFIL DE LOS CANDIDATOS

Independencia de magistrados: Eduardo Rubén Ulloa Miranda

Con la discusión de las reformas constitucionales se ha reactivado el tema de los requisitos que se deben exigir para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la forma en que éstos deben ser escogidos y designados. En mi opinión no son los requisitos formales ni el método de elección los que garantizarán que un magistrado responda a los principios de independencia, equidad, probidad, sapiencia e imparcialidad que aspiramos posean quienes administren justicia.

La facultad presidencial de designar magistrados no es el problema, el problema es cuando esa facultad se ejerce en detrimento de la institucionalidad, nombrando a personas comprometidas, política o personalmente, sin los conocimientos y experiencias que exige el cargo y, lo que es peor, contrariando las normas legales y constitucionales al respecto.

No olvidemos que nuestro sistema instauró, como control, la potestad presidencial de designar a los magistrados y su ratificación por parte de la Asamblea, buscando un mayor filtro a la hora de su designación. Sin embargo, en un país como el nuestro, con un acentuado poder presidencial, dicho control es inexistente, pues la Asamblea ha demostrado no tener voluntad propia y suele seguir las directrices que le da el Ejecutivo.

Incorporar nuevos actores al proceso de elección tampoco será garantía, de igual manera, estarán sometidos a los intereses propios y ajenos a la hora de postular. Lo que debemos hacer es crear conciencia, en nuestros gobernantes y en todos los ciudadanos, de lo que debe ser un magistrado, de sus cualidades y de aquellas normas que, por ética, principios y moral, deben regir la designación de quien ocupe tan importante cargo, exigiendo al Ejecutivo que las personas a quienes designe cumplan con la idoneidad, el perfil y la integridad que exige dicha posición.

Cuando se nombra un magistrado que logra el consenso de los asociados, el Presidente de la República se enaltece y se eleva ante el país; con esa designación manda un mensaje de compromiso con la democracia y da confiabilidad a los ciudadanos frente a sus instituciones. Sin embargo, el Presidente pierde y deteriora su imagen cuando designa a un allegado o subalterno; cuando nombra a una persona sin el perfil adecuado o cuando designa a un individuo de cuestionada trayectoria, dejando en evidencia que importan más sus intereses y compromisos personales que la institucionalidad del país.

La independencia de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tendrá siempre como necesarios antecedentes:

1. Formación jurídica para resolver conflictos en derecho, sin la influencia de terceros.

2. Fortaleza de carácter para enfrentar cualquier influencia externa.

3. Integridad personal, valores éticos y morales que le impedirán caer en la tentación y en el juego de la corrupción.

4. Trayectoria personal y profesional íntegra, que refleje respeto a la sociedad y garantice la ausencia de compromisos previos que afecten su imparcialidad.

5. Visión integral del sistema democrático y sus instituciones, que le permita fallar dentro del contexto social en que se desenvuelve.

Un magistrado sin la formación académica ni la experiencia profesional podría condicionar sus fallos a las influencias externas; al desconocer de la materia que falla, del derecho a aplicar o sobre el procedimiento a seguir, actuará influenciado por otros, vivirá inseguro de lo correcto de su actuar y, lo más seguro, alejado de la equidad y legalidad que debiera regir en sus fallos.

No basta, tampoco, un magistrado que tenga mil títulos o diplomas, si carece de principios éticos y morales que rijan su accionar; terminaría poniendo sus conocimientos al servicio del mejor postor. Lo mismo ocurre si carece del carácter, la personalidad y el equilibrio necesario para ocupar un cargo de tal envergadura, pues se mostrará débil ante los intereses personales, las presiones políticas y los intereses económicos.

En otras palabras lo importante en la designación de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no es quien lo designe, sino a quién se designe. Los principios que rigen esta designación, generalmente, responden a aquellos principios que rigen en la sociedad.

Si queremos cambiar esta realidad, debemos comprometernos con la institucionalidad y la democracia, dejar a un lado la indiferencia con que la mayoría de los ciudadanos mira la designación y actuación de los magistrados y entender, gobernantes y gobernados, que las instituciones democráticas deben respetarse como pilares de una sociedad justa y pacífica, no utilizarse en beneficio propio.

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