DESARROLLO

Infraestructuras sostenibles: Luis Eduardo Castañeda Valdés

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Infraestructuras sostenibles: Luis Eduardo Castañeda Valdés

En Panamá nos podemos jactar de ser el país con la mejor infraestructura de Latinoamérica (reporte de competitividad global WEF 2014-2015); sin embargo, no nos debemos seguir embarcando en inversiones millonarias para obras, bajo la tesis simplista y demagógica de que “son necesarias” o porque “quiero cortar esa cinta”. Este tema, soslayado y muchas veces mal entendido, reviste importancia ahora cuando el Gobierno retomará nuevos megaproyectos de vialidad, agua potable y saneamiento en el país. Hay que replantear la forma y las normas legales para planificar y desarrollar infraestructuras, garantizando eficiencia técnica, viabilidad financiera y pertinencia social no solo de la propia obra, sino durante la construcción y operación de estos proyectos.

Aunque hay claridad en el significado del término sostenibilidad (ver “Sostenibilidad, Resiliencia y Adaptabilidad”, La Prensa, 7 de noviembre de 2014), no existe una definición unánime del concepto infraestructura sostenible. Esta debe incluir la necesidad de ajustar la infraestructura a la realidad local, que consuma insumos y genere beneficios de forma eficiente y que cuente con recursos financieros para mantenerla al máximo de su rendimiento durante su vida útil.

El pasado mes de diciembre se celebró, en la ciudad de Panamá, el simposio Mega-Infraestructura Sostenible, desarrollado por la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos. Entre los aspectos que podemos rescatar de la experiencia panameña, en contraste con los principios de sostenibilidad esbozados en el simposio, tenemos que para que un proyecto sea sostenible debe ser gestionado en un contexto de planificación integrada que asegure la incorporación con el medio social y con otras estructuras, tanto existentes como previstas, en su entorno. En lo social, los principios de sostenibilidad indican que deben existir mecanismos para mantener contacto continuo con las comunidades durante todo el ciclo del proyecto. Este acercamiento debe empezar con la planificación de la obra, mantenerse en la construcción y continuar durante la operación. Esto contrasta con el Decreto Ejecutivo 123, del 14 de agosto de 2009, que reglamenta la realización de estudios de impacto ambiental (EIA) en Panamá, este decreto solo requiere la participación ciudadana durante la etapa de elaboración del EIA, previo al inicio de la construcción, pero las comunidades se quedan sin un mecanismo formal de participación durante el resto del ciclo de vida del proyecto.

Además, los principios de sostenibilidad señalan la conveniencia de contar dentro de la organización del proyecto con un sistema o mecanismo para atender y resolver las quejas que surjan de las comunidades o de cualquier parte interesada durante la ejecución. Sin embargo, la legislación no requiere que los proyectos cuenten con un mecanismo de atención de quejas y son pocos los que lo implementan voluntariamente.

En lo ambiental, un proyecto de infraestructura sostenible reconocerá la integridad del ecosistema y las funciones afectadas se mitigarán y se manejarán para recuperar o compensar los impactos generados. Una herramienta útil durante la construcción es contar con un sistema de gestión ambiental (SGA), es decir, implementar los requisitos ambientales estableciendo procedimientos y responsabilidades dentro de la organización encargada, de manera que se ejerza el debido control al evaluar y regular el desempeño ambiental, y con un enfoque de mejora continua de los procesos y evaluación de resultados, al aplicar las medidas de mitigación y manejo ambiental.

La legislación vigente no establece la obligatoriedad de gestionar las actividades de construcción a través de un SGA. En su lugar, el Decreto Ejecutivo 123 requiere que los EIA describan las medidas de mitigación en un Plan de Manejo Ambiental que, como instrumento de gestión, es menos completo que un SGA, ya que solo debe contener los requerimientos de mitigación, seguimiento y control ambiental, pero sin el enfoque sistémico.

Para que las ciudades tengan infraestructuras que brinden servicios eficientes, confiables y capaces de lidiar con las condiciones cambiantes del entorno natural y social, debemos conjugar el talento de los ingenieros, las instituciones de gobierno, los contratistas y la ciudadanía en general. Además, el Gobierno debe liderar el proceso con legislaciones actualizadas, alineadas y principios de sostenibilidad, además de contar con la capacidad y voluntad para hacer cumplir las reglas. El año pasado la ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, ahora al frente del Grupo Albright Bridgestone, lo definió muy bien cuando al preguntarle ¿qué debían fortalecer los países para contar con infraestructuras sostenibles? Ella contestó que debían fortalecer tres cosas: el gobierno, el gobierno y el gobierno.

La sostenibilidad no es cuestión de azar ni improvisación. Las brechas que hay entre las mejores prácticas internacionales y la realidad nacional deben cerrarse con una legislación actualizada, entendiendo y practicando la sostenibilidad en todos nuestros proyectos.

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