POLÍTICAS ERRADAS

Inseguridad sanitaria en aumento: David Aaron Ocalagan Bonilla

En reiteradas ocasiones he manifestado que las denuncias que hacemos los pacientes con relación al deficiente servicio de hemodiálisis que se brinda tanto en la Caja de Seguro Social (CSS) como el Ministerio de Salud, son solo una pequeña muestra de iguales o peores situaciones que viven cientos de panameños que requieren de otros tratamientos médicos en las instalaciones del sistema público nacional de salud.

El gobierno del “cambio” prometió mejorar la atención a todos los usuarios y pacientes de los hospitales del sistema de salud pública, sin embargo la realidad hoy, transcurridos tres años, es que vivimos en una enorme inseguridad sanitaria, principalmente los panameños que no gozan de los beneficios del crecimiento macroeconómico del país, que no tienen un seguro privado de salud, no pueden comprar medicamentos y mucho menos pagar los onerosos precios por la atención en esos centros hospitalarios.

La estrategia sanitaria del “cambio” se fundamentó en flexibilizar las normas establecidas en la Ley 1, para la adquisición y fiscalización de medicinas, insumos y equipos, así como el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructuras sanitarias, implementar sistemas tecnológicos de punta, mantener la privatización de los servicios y la administración de salud como respuesta a la calidad del servicio, y contratar personal extranjero como respuesta a la falta de planificación del recurso humano profesional local, entre otras acciones contrarias a las consensuadas por el Consejo de Contraloría Social de Salud de la Concertación Nacional.

Cerca de ocho millones de dólares se gastaron, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, por el capricho de construir una torre financiera a costa del sacrificio de la salud de nuestros niños. Hoy no tenemos fondos para desarrollar nuevas instalaciones de atención dirigidas a las madres de la mayoría de los panameños, en un lugar céntrico y accesible.

Por otra parte, la Dirección de Farmacias y Drogas no utiliza recursos propios para mejorar la capacidad regulatoria, normativa y fiscalizadora que, por ley sanitaria debe cumplir. Así mantiene a los panameños en una inseguridad que no habíamos experimentado en los últimos 50 años, por la introducción de cientos de medicamentos, insumos y equipos que incumplen las normas sanitarias, pero ingresan con “permisos especiales de importación”. La entrega de la administración de los servicios de hemodiálisis de las 17 salas que tendrá la CSS, por los próximos cuatro años más una prórroga por igual tiempo, al grupo transnacional IBT Medical Outsourcing Service, es el mejor ejemplo de privatización con la excusa de mejorar la calidad de atención a los asegurados. Basta señalar que los colombianos experimentan un fracaso privatizador sanitario ante esta estrategia de externalizar los servicios de salud, debido a la corrupción en el sector privado que se encarga de administrarlos.

Si no valoramos nuestro principal activo de vida, la salud, y anteponemos la condición económica como nuestra principal preocupación, pronto enfrentaremos situaciones que nadie quisiera vivir, porque la salud es la principal vía que nos permite alcanzar cualquier sueño.

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