BOFETADA A LA CONCIENCIA

Institucionalidad y participación ciudadana: Ana Matilde Gómez de Sousa-Lennox

Si nos hiciéramos la pregunta ¿tenemos en Panamá estabilidad democrática? O si nos preguntáramos ¿hay en Panamá una fuerte institucionalidad? O si, simplemente, nos preguntamos ¿cómo está en Panamá la gobernabilidad? Irremediablemente, las respuestas a todas estas interrogantes tendrían un denominador común, en alguna parte de la oración habría un no por respuesta.

Y es que estos conceptos que por definición son autónomos, cuando de paz y justicia social se trata, no pueden menos que estar entrelazados y relacionados uno con otros y de la condición de cada uno de ellos depende el estado de bienestar de la nación entera.

En los últimos años, hemos visto algunos brotes de violencia coyuntural, como mecanismo de reacción social, lo que a mi juicio es el resultado de una total ausencia de interlocutores idóneos y legítimos, entre el poder público y los ciudadanos. Es lamentable el hecho de que los partidos políticos, llamados a instrumentalizar las necesidades de sus representados o afiliados y de la sociedad en general, hayan optado por el camino fácil, el de la mercantilización de sus ideologías, es decir, se venden al mejor postor, para relacionarse con el poder político de turno.

El saldo en vidas humanas y la grave afectación de los derechos humanos han representado un cínico retroceso en materia de consolidación democrática, ya que la única forma de participación ciudadana que nos han dejado ha sido la violenta. Es por ello que considero que tanto la delincuencia común como las manifestaciones de protesta son las formas de reacción social que llenan los espacios que los pobres o nulos liderazgos ciudadanos están dejando para poder enfrentar el abuso de poder.

Es urgente que los distintos sectores de la sociedad panameña, con claros sentimientos de identidad nacional y profundas convicciones democráticas, articulen verdaderos espacios de diálogo y acción ciudadana, para rescatar el poder público del desgaste en que su propio autoritarismo lo ha sumido. No hay quien lidere el primer llamado; los gremios están haciendo plata y los partidos políticos se están deshaciendo por la plata.

Si el ciudadano común no encuentra satisfechas sus necesidades más básicas como las de alimentación, salud, vivienda y educación, no tendrá absolutamente nada que perder cuando la invitación irreverente toque su puerta o le hable al oído para sumarlo en una suerte de alzamiento popular que, de forma violenta, rescate los espacios de participación ciudadana que han sido cerrados por la intransigencia, la prepotencia y el desprecio de quienes nos pidieron el voto para gobernar y reciben de nuestros impuestos el salario para pensar en la mejor forma de actuar para resolver nuestros problemas.

Tarea que no se está cumpliendo, porque el poder público ejercido de espaldas al pueblo (sin transparencia ni rendición de cuentas) es, en definitiva, lo que nos está trayendo nuevos problemas y agudizando los que ya teníamos.

Este es un grito desesperado, porque la riqueza de unos cuantos, la mayoría de dudosa procedencia, frente al hambre y la pobreza de otros, es una bofetada a la conciencia de quienes entendemos la justicia social como un deber humano y cristiano. Nadie tiene un pacto con el tiempo, por ello, lo urgente hay que hacerlo ya.

No hay espacio para dilaciones maquiavélicas que disfracen de mesas de diálogo la estrategia de quienes, parafraseando al Gatopardo, quieren “un cambio, para que nada cambie”.

No hay que tener miedo a la diversidad de pensamiento y a la movilización para la acción. Pero tampoco es necesario esperar que baje del cielo un(a) ungido(a) con una solución mágica. Creo que se impone un verdadero ejercicio democrático para repensar la Nación y rediseñar el Estado; la República y su sostenibilidad demandan instituciones fortalecidas y blindadas contra la depredación de los mercaderes de la cosa pública.

Tenemos que decidirnos a actuar, para que sin limitaciones de enfoque se produzca un gran debate a los distintos niveles de la sociedad panameña. Por corregimientos, por distritos, provinciales y, finalmente, un foro nacional en el que se haya depurado la realidad con toda su complejidad social, política y económica y de allí salga la hoja de ruta que determine el camino a seguir para la anhelada cohesión social y asegurarnos varias décadas de paz con justicia social y sin impunidad.

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