INCUMPLIMIENTOS

Intereses preferenciales ¿hasta cuándo?: Francisco Bustamante

Durante años he trabajado con proyectos de vivienda social en varios países de América Latina, como Paraguay, El Salvador y México. En todos esos proyectos hay una característica: están dirigidos a las personas de menores ingresos; a gente que no es sujeto de préstamos bancarios, debido a su baja capacidad de pago.

También se otorgaban como un subsidio, es decir, el Estado aportaba dinero en efectivo para el abono inicial, provocando una cuota menor mensual para cancelar la deuda. Para recibir estos subsidios se realizaban estudios socioeconómicos que demostraban que, sin ese apoyo, los beneficiarios no podrían obtener una vivienda decente.

En todos esos países, existe un mercado de viviendas arrendadas. En Panamá es distinto. El mercado de viviendas arrendadas colapsó con las leyes de vivienda del régimen que se instaló en 1968. Fue un golpe a los grupos económicos que dependían de inversiones inmobiliarias y que, inclusive, llevó a la huelga inquilinaria de 1925, y a la invasión militar norteamericana.

Con el cambio de leyes en 1968, los empresarios inmobiliarios se convirtieron en constructores de viviendas, bancos, etc. Y se observaron mejoras indudables en la calidad de las casas ofertadas al consumidor.

Las leyes de subsidio a la vivienda en Panamá, a través del crédito a los intereses, surgieron en una época en la que las tasas de interés eran altas. Ese no es el caso actual, hoy la tasa de interés que se cobra es similar a la tasa vigente en 1985. Usualmente las tasas de interés elevadas se asocian a ambientes económicos inflacionarios. En Panamá experimentamos un alza sostenida en el precio de los materiales de construcción, debido en gran medida a la demanda que los proyectos de inversión pública y privada generan. En esta tesitura, los promotores demandan al Gobierno aumentar el subsidio a la tasa de interés a las viviendas con un costo de $120 mil dólares. ¡Claramente, esas no son viviendas de interés social!

Conozco el caso de un joven profesional que pagó, en efectivo, una parte del costo de un apartamento, pero la diferencia la financió, con subsidios, dentro del rango de las viviendas que calificaban para ese beneficio. Esto es normal cuando hay individuos inescrupulosos, tanto compradores, vendedores como financistas, que burlan el sentido de la focalización de subsidios. Hay otras aristas. La forma como está estructurado el sistema no tiene límites. Es decir, es un cheque en blanco para los bancos y las empresas promotoras, sin medir las consecuencias en los ingresos fiscales. Y hay otras técnicas.

Cada día es mayor el desarrollo de proyectos distantes de la ciudad, que agravan el problema de transporte, la provisión de los servicios de salud, educación, agua y el manejo de los desechos sólidos. Eso, sin contar, la calidad de vida que se deteriora por el crecimiento desmesurado de la ciudad.

No me opongo a que haya subsidios a la vivienda focalizados en la gente de menores ingresos; con un límite medido por la capacidad real del fisco. Y mejor, si se aplican en las ciudades del interior. En caso contrario, prepárate para otro incremento del Itbms u otros impuestos, para satisfacer la demanda de los promotores. Lo sensato es que se asigne un monto máximo de subsidios a otorgar en cuanto a la tasa de interés, atendiendo niveles de ingresos y localización geográfica. Pero eso va en contra de los intereses de promotores y vendedores de viviendas, que abusan del comprador, fijando condiciones que atentan contra los consumidores.

Publicidad engañosa. Incumplimiento de acuerdos, ruptura de zonificaciones para romper la armonía de viviendas unifamiliares, compradas bajo la condición de baja o media densidad. En fin, vamos bien...

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