SOSPECHAS

La expropiación de ´Juan Hombrón´: Julio E. Linares Franco

Mediante comunicado al país, que aún aparece publicado en la página virtual de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), esta entidad afirma que las 14 resoluciones adjudicatarias de los terrenos en Juan Hombrón fueron revocadas los días 9 y 29 de noviembre de 2011. Expone que una vez resueltas las reconsideraciones e incidentes de nulidad, a los afectados les queda presentar apelaciones, agotándose de esta manera la vía gubernativa.

Una vez esto suceda, continúa el comunicado, procede que el Órgano Ejecutivo instruya al procurador general de la Nación, mediante decreto ejecutivo, promover las acciones civiles pertinentes para las cancelaciones de las inscripciones ante el Registro Público y consecuente recuperación de las 14 fincas a nombre de la Nación, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la República de Panamá.

Ante este supuesto atraco al Estado, lo menos que ha debido hacer la Anati, luego de ocho meses de haber revocado las adjudicaciones, es informar a la opinión pública cómo va el proceso, cosa que no ha hecho y que levanta sospechas sobre la eficacia de las revocatorias.

Ahora mediante Decreto Ejecutivo No. 425 de 12 de julio de 2012, firmado por el Presidente de la República y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se ordena la “expropiación” por motivos de interés social urgente, a favor de la Nación, de las 14 fincas. Y uno de los considerandos de este decreto destaca que estas fincas fueron otorgadas a distintas personas “mediante el cumplimiento de procedimientos de adjudicación, contenidos en la Ley 80 de 31 de diciembre de 2009”. Entonces, si el Presidente y el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial afirman que las fincas fueron otorgadas dentro de la ley, ¿Por qué razón el director de la Anati revocó las adjudicaciones? Una expropiación solo puede ejercerse sobre la propiedad privada. Si las adjudicaciones fueron revocadas hace ocho meses por irregularidades que son de conocimiento público, ¿cómo es que ahora se señala en este decreto que estas fincas fueron adquiridas “con arreglo a la ley”?

Pero hay algo peor. La expropiación se ha ejercido sin el derecho a indemnizar, lo cual es violatorio del artículo 48 de la Constitución. No hay que ser abogado para comprender que una ley no está por encima de la Constitución. Igualmente el polémico decreto señala que las áreas expropiadas resultan necesarias para el desarrollo de la zona, a través de la constitución de una “servidumbre de paso”. Un área prácticamente deshabitada y llena de manglares, según las vistas periodísticas que hemos advertido a lo largo del tiempo que se ha destapado esta aparente apropiación ilícita, ¿el paso es de dónde a dónde? ¿Qué comunidades se estarán beneficiando con la servidumbre a construir?

En síntesis, este decreto ejecutivo prácticamente avala la legalidad de las 14 adjudicaciones realizadas; lo que haría pensar que nunca tuvo sentido revocarlas, dizque por mal habidas. Solo una salida digna le queda al actual director de la Anati y cuya decisión de tomarla o no, lo dejará para bien o para mal, según sea el caso, retratado de cuerpo entero para el resto de su vida pública.

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