JUICIO Y ELECCIÓN

Jugarretas en la Asamblea Nacional: Gil Moreno

Alejandro Moncada Luna sabe muy bien que no puede demostrar su inocencia en el caso que se le sigue en la Asamblea Nacional, pero no renuncia. Él y su abogado se valdrán de toda clase de recursos para dilatar el proceso, a la espera del resultado de las elecciones parciales de diputados en algunos lugares del país.

Como sabemos, actualmente el poder Legislativo cuenta con 25 diputados del PRD, 21 de Cambio Democrático, 12 del Partido Panameñista, uno del Partido Popular, una independiente y uno del Molirena –que no se sabe cuál sería su posición, lo mismo que la de varios diputados del PRD–, algunos de los cuales, al parecer, no tienen intenciones de respetar el pacto de gobernabilidad que suscribieron con el Partido Panameñista.

Bajo estas circunstancias, todo este asunto dependerá de cómo se comportarán las fuerzas políticas en la Asamblea, porque para declarar culpable a un magistrado se requieren las dos terceras partes de los votos del pleno.

Esperar que Ricardo Martinelli le pida a los diputados de su partido que voten a conciencia (en este caso), es casi como pedirle peras al olmo. De seguro, hará lo posible para conseguir los votos necesarios con tal de que su protegido salga airoso y se burle de la justicia.

Esta es la única razón por la que Moncada Luna no ha renunciado al cargo de magistrado. Sabe que si renuncia, su caso pasaría a los tribunales ordinarios de justicia y sería condenado a varios años de prisión, porque las evidencias que se esgrimen contra él son abrumadoras.

Si durante la investigación que desarrolla el fiscal, se determina su plena culpabilidad y la Asamblea Nacional (a pesar de todo) lo absuelve, el prestigio de esa institución –ya de por sí resquebrajado– se vendría al suelo, y el caso pasaría a la historia como el más bochornoso de los últimos tiempos.

Según el artículo 155 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene la función de nombrar al contralor y al subcontralor de la República. Estas personas deben ser independientes, es decir, no estar sujetas ni a influencias ni a presiones de ninguna naturaleza, para que administren las finanzas públicas de forma correcta. No se concibe que un contralor esté sometido a la voluntad o al capricho del Presidente de la República ni de ningún grupo político, como ha ocurrido.

En los actuales momentos, lo primero que tiene que hacer el señor Presidente (si de verdad quiere llevar el país por los senderos del decoro), es pedirle a su candidato a contralor, Federico Humbert Arias, que renuncie a su candidatura. Eso sí, con el compromiso de que las otras agrupaciones políticas hagan lo mismo, así se podría escoger al más eficiente y al más probado, entre los independientes.

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