CONDENAS CONTRA EL ESTADO

Justos pagando por pecadores: Leandro Ferreira Béliz

En la edición de La Prensa correspondiente al 19 de abril de 2012, se publicó un artículo de nuestra autoría titulado “Pagando los platos que otros rompen”, en el que abordé el tema de las frecuentes condenas al Estado panameño por actos de negligencia, descuido o mala actuación de funcionarios en ejercicio, con la consiguiente afectación de terceros.

En aquella ocasión expresé mi profunda preocupación e incluso mi desacuerdo con el hecho de que este tipo de casos, cuando llegan a los tribunales, generalmente nos condenan a todos, y el responsable, o mejor dicho el o los irresponsables, pasa agachado, y todo se resuelve, obligando un desembolso de las arcas estatales. Pues bien, luego de tres años de haber escrito esa colaboración, mi preocupación y desacuerdo son mayores, y la práctica de condenarnos a todos por los errores de alguien o de algunos, parece tomar fuerza de manera peligrosa.

En las últimas semanas, dos fallos de la Corte Suprema de Justicia dados a conocer en diversos medios informativos, dispararon las alarmas. En el primero de ellos, se condenó al patronato que dirige uno de nuestros principales hospitales públicos, al pago de decenas de miles de dólares, porque a uno de sus médicos le imputaron una mala práctica que afectó gravemente a un paciente. En el otro, condenaron al Ministerio de Educación a pagar una cuantiosa suma, porque hace varios años falleció un estudiante que viajaba en un automóvil de esa entidad, cuyo conductor ocasionó un grave accidente, al rebasar a otro vehículo en una curva.

En ninguno de estos casos, los noticieros mencionaron alguna sanción para los verdaderos responsables. Una vez más se optó por condenar a toda la ciudadanía, en lugar de enfocarse en los causantes de las respectivas tragedias.

A esto, y con el perdón de los afectados o sus familiares, no lo puedo considerar justicia. Como ciudadano, no puedo aceptar ser condenado porque un funcionario que conducía un vehículo oficial decidió violar las disposiciones del Tránsito, y contra toda lógica y raciocinio, realizó una temeraria maniobra que originó el fatal accidente.

¿Por qué justos tienen que pagar por pecadores? ¿Por qué los abogados de las partes afectadas no enfilan contra los responsables directos? ¿Será porque el Estado tiene mayor capacidad de pago?

La verdad que en este como en muchos otros temas, hay más preguntas que respuestas. Por sentido común, creo que en una situación en la que, por ejemplo, un médico servidor público incurre en mala práctica y afecta a un paciente de por vida, este galeno debería responder administrativa, penal y civilmente. Esto sería justicia, pero repito, parece que resulta más atractivo para los afectados interponer demandas contra el Estado, en calidad de responsable solidario.

Considero que estos fallos en lugar de sentar precedentes para evitar hechos similares en el futuro, lo que hacen es alentar la mala actuación de servidores públicos que saben que si causan daños, el país pagará.

Hago un llamado a magistrados y jueces para que al momento de fallar en demandas civiles contra el Estado, lo hagan de la manera más justa, objetiva, transparente y sensata, procurando el castigo para los verdaderos culpables, y evitando sancionar a toda una población inocente de los hechos.

Recuerden que cuando se ordena el pago de indemnizaciones que saldrán del erario, se le restan recursos a la ciudadanía, que deberían utilizarse en la atención de los muchos problemas sociales que se confrontan.

Ahora bien, sí cabría la imposición de sanciones económicas en situaciones en que, de forma evidente, alguna institución pública, por omitir deberes, cause o permite la ocurrencia de un suceso trágico, con graves repercusiones sobre terceros. Sin embargo, en los dos casos que inspiraron este artículo todo apunta a que eso no fue lo ocurrido.

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