DECLARACIÓN DE LA ONU

Legalidad, imperativo universal: Eduardo Ulibarri

¿Para qué sirven las declaraciones que emiten las reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas? De muy poco, si el propósito es generar impacto inmediato. De mucho, si las abordamos por lo que son: conjuntos de principios, aspiraciones y compromisos universales destinados a focalizar prioridades, redefinir agendas, impulsar decisiones y estimular la acción en ámbitos o temas de interés para la comunidad internacional.

La jerarquía especial de esos encuentros surge de tres factores: la representación nacional generalmente la asumen jefes de Estado o Gobierno, cancilleres y otros ministros; la discusión se concentra en temas fuera de la agenda regular de la Asamblea General, a los que se les asigna particular importancia, y el resultado casi siempre se refleja en un documento aprobado por consenso, que adquiere legitimidad universal. Todos estos factores coincidieron el 24 de septiembre pasado en la “Reunión de alto nivel sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional”, a la que asistieron más de 30 gobernantes y otros altos representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU).

Por su carácter relativamente especializado, y porque la atención mundial estaba concentrada en la tragedia de Siria, la actividad pasó casi inadvertida: las referencias en los medios de comunicación fueron mínimas. Pero, su relevancia es indudable, y será creciente conforme los países potenciemos el contenido de la declaración. La tarea es hacer que sus 42 párrafos se conviertan en “letra viva” y establezcan un punto de referencia mínimo para fortalecer la vigencia y vigor del estado de derecho en cada país y en la conducción de las relaciones internacionales.

La declaración no es tan robusta, explícita y visionaria como habríamos deseado. Pero resultó mucho más amplia, avanzada y detallada de lo que parecía posible al inicio las negociaciones, hábilmente conducidas durante cuatro meses por los embajadores de Dinamarca y México. El texto, por ejemplo, no incluye un listado coherente y explícito de los principios y elementos constitutivos del estado de derecho. Pero tal vacío está parcialmente cubierto por elementos mencionados en otros párrafos de la declaración. Se omite una mención expresa a la necesidad de que los parlamentos, generadores de legislación y protagonistas del control político, sean democráticos y representativos. Tampoco se enuncian con suficiente amplitud los requisitos que deben tener las modalidades nacionales de aplicación de la justicia para estar en línea con los principios universales de derechos humanos y el debido proceso. A pesar de estas carencias, y otras menores, los aspectos positivos son mucho más numerosos. Por esto, la declaración marca un “antes” y un “después” en el compromiso de la ONU con el impulso al estado de derecho. Entre los aspectos más dignos de destacar en su contenido están los siguientes:

1. El concepto de que hay una obligación de acatar la ley por parte de “todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado”. Se otorga, así, respaldo a la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al poder, algo casi ausente en varios países.

2. El reconocimiento de la interrelación entre derechos humanos, estado de derecho y democracia, que “forman parte de los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de la ONU.

3. La afirmación de que la naturaleza universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales “no puede ponerse en tela de juicio”; además, todos los Estados tienen el deber de respetarlos, “sin distinción alguna”.

4. La convicción de que “el estado de derecho y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente”, lo que contradice el falaz argumento de que los regímenes arbitrarios, por tal condición, son económicamente más eficaces.

5. El énfasis en la independencia de los sistemas judiciales, así como en su imparcialidad, integridad y facilidad de acceso.

6. La importancia de igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de los beneficios del estado de derecho, y su relevancia para la protección de los derechos de niños. Esta afirmación es un punto de referencia fundamental para evaluar la conducta de los regímenes que discriminan a las mujeres y desprotegen a los menores.

7. La caracterización de la corrupción como un fenómeno con impacto negativo, que “obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo, socava la confianza pública, la legitimidad y la transparencia y entorpece la elaboración de leyes imparciales y eficaces, así como su administración”.

8. La condena al terrorismo “en todas sus formas y manifestaciones”.

9. El apoyo a la Corte Internacional de Justicia la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y la Comisión de Derecho Internacional.

Logrado el buen resultado, ahora hay que mirar hacia el futuro. Desde hace años, el secretario general, Ban Ki-Moon, ha demostrado particular interés en el impulso al estado de derecho. Una unidad especializada dentro de la Secretaría General está a cargo del tema. Además, de manera creciente, el establecimiento de marcos legales transparentes y de sistemas judiciales independientes ha sido parte de la estrategia aplicada por la ONU en países que emergen de graves conflictos internos. Sin embargo, esta es la primera vez que se produce un compromiso político de tan alto nivel, con implicaciones de gran importancia. De aquí la oportunidad que se abre.

El penúltimo párrafo de la declaración pone de relieve la importancia de proseguir la “consideración y promoción del estado de derecho en todos sus aspectos”, y de continuar desarrollando sus vínculos con los tres pilares de la ONU: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. De tal modo se allana el camino para que el impulso a la legalidad no se vea como un tema especializado, del que solo se ocupan algunas instancias en la ONU, sino como un imperativo de toda la organización. De igual manera, su texto es un importante instrumento para quienes, en distintos países, luchan por la institucionalidad democrática, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Resultados inmediatos en el terreno no habrá. Pero sí podemos esperar el desarrollo de un entorno político, diplomático y de opinión más propicio para promover el estado de derecho, con todas sus implicaciones positivas. Por esto hay que celebrar la declaración.

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