GOBIERNO

Legitimidad político social en juego: Ramiro Guerra Morales

Como estudioso de la cuestión nacional, llego a la conclusión de que el país está sumergido en un hoyo de corrupción que todavía no toca fondo. Lo que se suponía y conjeturaba en materia de saqueo al Estado, hoy nos deja estupefactos e indignados.

Ahora entendemos con claridad el porqué la institucionalidad devino precaria e ineficiente. No se trató de una causalidad que ocurrió por azar, sino de un plan fraguado por mentes que vieron en la captura del Estado, el gran negocio para multiplicar sus fortunas, sin ningún tipo de remordimiento ni conciencia, ignorando que mientras lo hacían, los servicios esenciales básicos de la población y el bienestar social no recibían la atención adecuada y oportuna.

La cortina de humo que se montó con grandes inversiones tipo megaproyectos, algunos necesarios, se derrumba y queda en evidencia la cloaca en que nos tenían.

Hoy resulta una verdad de a cuño que dos órganos esenciales en la vida democrática del país estaban infectados por el comején de la corrupción y el “juega vivo”. Ahora entendemos el porqué la gobernabilidad asumió una forma cuasi dictatorial. Se valieron de algunas de sus agencias para perseguir a los demócratas y se jactaban de tener y manejar información de los críticos y opositores. A la libertad de expresión la pusieron a jugar una especie de ruleta rusa, sembrando con ello miedo y temor. La sociedad civil y popular fue objeto de ataques furibundos, al punto de que ganas e intenciones no les faltaron para destruirla.

Las investigaciones no pueden parar. Hay muchas cuentas por rendir en torno a los dineros, del Estado y del pueblo panameño, que fueron a parar a las arcas de empresarios inescrupulosos y de miembros de una clase política degradada éticamente. Hoy, muchos llamados “padres de la patria” que recibieron partidas jugosas se esconden en la cueva de un silencio inaudito, y pretenden pasar inadvertidos.

La Contraloría General y lo que queda de la Corte Suprema tienen que alargar el brazo de la justicia y atrapar a todos aquellos que, con el subterfugio de dineros transferidos a las juntas comunales, manejaban sumas millonarias.

La institucionalidad político-jurídico todavía no sale del empantanamiento. Cómo bajar la guardia, cuando la justicia, sus operadores al más alto nivel y el órgano de hacer leyes enfrentan un grave problema de legitimidad social, salvo el Ministerio Público, que contra viento y marea hace su trabajo.

Se trata de una situación que revela grados de fragilidad peligrosos para la democracia y la paz. Sobre todo, porque en el marco de ella, aunque de manera desorganizada, el pueblo se moviliza y tiene como norte las reivindicaciones sociales.

Todavía la Nación y el estado derecho no gozan de una buena salud y, por ello, hay que estar vigilantes.

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