LECCIONES APRENDIDAS

Ley de los nueve días: Fernando Gómez Arbeláez

Nunca antes, a lo largo de nuestra reciente historia republicana, habíamos tenido una ley que sostuviera una vigencia tan corta. La Ley 72, de 19 de octubre de 2012, que permitía la venta a particulares de los terrenos de la Zona Libre de Colón, ha sido finalmente derogada por la Ley 73, de 28 de octubre de 2012.

Según la versión oficial, esta fugaz norma no tuvo siquiera la oportunidad de ser aplicada. Pero así como su existencia fue breve, nunca antes rigió en Panamá una ley que, por sí misma, provocara tanta conmoción, muertos y heridos; tanta destrucción en la sociedad. La “efímera” Ley 72 generó en cuestión de días dolor, agitación social, luto e incalculables pérdidas económicas.

Los intensos nubarrones percibidos en vísperas de su veloz e inconsulta aprobación, las tempestades cosechadas porque carecía del consenso nacional, presagiaban el caos. El mismo día en que el Presidente de la República la sancionaba, sin escuchar los mejores consejos que se le brindaban ni las crecientes voces de protesta, la ciudad de Colón amanecía revuelta. El presidente de la Asamblea Nacional pronosticaba, con sus insensibles palabras, el peligro que acechaba: “a llorar se va al cementerio”. Y, en efecto, varias familias panameñas lloran hoy a sus muertos, víctimas inocentes de una vorágine de descontento motivada por la injusticia socioeconómica que por tantos años ha sufrido Colón; un malestar que las caprichosas disposiciones de la Ley 72 solamente agravaban.

La suspicacia de los colonenses acerca de la venta de esos terrenos reinó desde el principio.

Los avalúos correspondientes, al igual que los precios de venta, quedaban subjetivamente en manos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República –dos entidades públicas dirigidas a la fecha por dos antiguos empleados de la cadena de supermercados vinculada al mandatario– y que, por ende, no daban garantía de transparencia, imparcialidad ni equidad.

Los colonenses, asimismo, se preguntaban por qué parecían necesarias esas ventas en la Zona Libre, que apenas dejarían a la provincia atlántica la fracción más pequeña de las ganancias, cuando ninguno de los proyectos situados en la ciudad capital ha requerido nunca de la venta de terreno alguno en el lado Pacífico. Siempre han visto a la Zona Libre como algo propio, intrínsecamente colonense, viéndose obligados a salir a las calles a defender lo que consideran suyo por naturaleza y por geografía.

Detrás de esta ley impuesta, detrás de esta zozobra, se mantuvo siempre el espectro de unas finanzas públicas pésimamente manejadas. El desgreño administrativo que impregna a un presupuesto general del Estado que no cuadra, a un excesivo gasto público, a un elevado déficit fiscal y a una abultada deuda pública, que no soportan más maquillajes contables ni nuevas legislaciones amañadas, ha sido el causante de la desesperación gubernamental por conseguir recursos adicionales a como diera lugar. Tales nuevos ingresos se obtendrían a través de una Ley 72 a ser aprobada como fuese, sin consenso, a la carrera, a tambor batiente, a sangre y fuego.

Una vez disipado el humo de las llantas incendiadas y de los gases lacrimógenos, quedan lecciones aprendidas y por aprender. Las leyes impuestas, aprobadas por dóciles diputados que ni las leen antes de votarlas a golpe de curul, tienen que ser cosa del pasado. Siendo esta la tercera ley en menos de tres años que se ve forzado a derogar, el Gobierno está obligado a escuchar y a consensuar.

Colón y sus habitantes se mantienen viviendo en condiciones de abandono y pobreza, burlados por las promesas de todos. La ira popular, junto a la represión policial, cobran muertos y heridos. En Panamá y Colón, una nueva generación que no había nacido durante los saqueos de diciembre de 1989, a falta de valores cívicos y morales, también ha aprendido a saquear impunemente.

La tregua que una derogada Ley 72 brinda al malestar social colonense sirve ahora para iniciar una discusión seria, un diálogo sincero con Colón. Este no podría incluir a los mismos funcionarios que la semana pasada fracasaron con desastrosos resultados, funcionarios que por su incapacidad son en parte responsables del caos, por el cual habrán de pagar las consecuencias.

Deberá ser un diálogo con otros participantes, si bien las necesidades urgentes de Colón continuarán siendo las mismas.

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