NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS

Ley, ficción e incoherencia: Carlos Ayala Montero

La Ley 43 de 31 de julio de 2009 (la segunda aprobada por la administración Martinelli) buscaba, según su exposición de motivos, eliminar acreditaciones a la carrera administrativa, es decir, la estabilidad de miles de funcionarios que fueron incorporados sin concurso. En consecuencia, se excluyó a más de 30 mil servidores públicos del sistema y, posteriormente, se destituyeron por ser “de libre nombramiento y remoción”, tal como ocurre desde hace muchos años.

Esta ley autorizó el nombramiento de funcionarios “sin la condición de servidores de carrera administrativa” hasta el 31 de julio de 2012, aclarando que después de esa fecha se ingresaría por concurso.

Nada de eso ha ocurrido. También inhabilitó las estructuras de la carrera administrativa que no han vuelto a funcionar. En fin, eliminó de hecho el sistema de méritos en la administración pública.

El Gobierno ha dictado en las postrimerías de su mandato la Ley 39 de 11 de julio de 2013, que ordena el pago de una indemnización y prima de antigüedad a los funcionarios que sean destituidos injustificadamente, a partir del 1 de enero de 2014, otorgándole a la Sala Tercera de la Corte Suprema tres meses para dirimir cada caso.

El Consejo de Gabinete aprobó un anteproyecto de ley que pretende otorgar estabilidad a los servidores públicos, de igual forma que el Código de Trabajo. Todo esto demuestra contradicción, supina ignorancia del funcionamiento de la administración de los recursos humanos al servicio del Estado o un desmedido interés por engañar, aún a costa de desmentirse, diciendo hoy lo contrario a lo dicho al aprobar la Ley 43 de 2009.

La Corte sostiene que quien no posee estatus de carrera carece de estabilidad y, por lo tanto, su destitución no es injustificada. Actualmente, hay más de 100 mil servidores en esta situación y, a partir del 1 de julio de 2014, cuando se instale el nuevo gobierno, pueden ser despedidos sin justificaciones. Por eso, la ley crea falsas expectativas. Otorgarle tres meses a la Corte para fallar los casos, sin ningún efecto jurídico de incumplir con ese término, lleva a que no se aplique esa norma.

La Ley 39 ordena, además, a la administración pública crear previsiones presupuestarias para enfrentar el pago de prestaciones, lo que equivale a adivinar cuánto será el valor de las condenas judiciales por despidos injustificados en el siguiente año fiscal. Eso es una fantasía especulativa imposible de cumplir.

Por último, crear estabilidad para los servidores públicos en forma semejante al Código de Trabajo es una falacia porque se trata del mismo gobierno que, en julio de 2013, dijo que había que despojar de esa condición a miles de funcionarios; porque es la misma administración que destituyó a miles más y es el mismo gobierno que incumplió con la Ley 43 que aprobó, al nombrar sin concurso a miles funcionarios más después del 1 de agosto de 2012. Cabe parafrasear al presidente Martinelli, cuando durante la campaña de 2009 decía: “Si no lo hicieron en cinco años, ¿por qué debemos creerle que lo harán en el futuro?”.

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Cortesía/Sinaproc

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