IDONEIDAD EN DESUSO.

Leyes que aniquilan al profesional

La creación de leyes que aniquilan al profesional panameño está de moda. Hace unos meses la creación de la Ley 5 de 11 enero de 2007, "que agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones", efectivamente agilizó el trámite para los nuevos empresarios y comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, y hoy ese trámite puede hacerse desde la comodidad de un internet café, para aquellos que no cuentan con tecnología en casa. Pero con ello se anula de raíz al profesional del derecho, quien mediante poder otorgado por el cliente tenía la responsabilidad de tramitar los actuales "avisos de operación", llamados antes, "licencias comerciales".

No nos oponemos a la modernización. Nos oponemos a que esta modernización anule al abogado en trámites jurídico–legales.

Hoy se pretende seguir lesionando nuestros ingresos e intereses con un proyecto de ley migratoria que estrangula nuevamente la participación de los abogados panameños casi en el 90% de los trámites que, desde siempre, nos han correspondido. Este proyecto concede las mismas facultades de los abogados panameños a los cónsules y agentes diplomáticos acreditados en el extranjero (sin ser abogados idóneos), estableciendo un nuevo trámite que únicamente el extranjero podrá hacer, a través del cónsul respectivo.

En nuestra opinión, este proyecto de ley migratoria cuenta con un carácter devastador en muchos aspectos importantes. Además de casi eliminar la figura del abogado, plantea extremos exagerados, por ejemplo, elimina al microempresario extranjero cuya inversión mínima era 40 mil dólares, y la pretende reemplazar por una inversión de 350 mil dólares. En otras palabras, se acabaron los negocios "pequeños" en nuestro país, con la implementación de esta nueva ley solo los millonarios extranjeros podrán invertir en Panamá, restando la posibilidad de contar con una diversidad de empresas que amplíen las fuentes de trabajo.

Se habla taxativamente de una "migración selectiva", lo que va totalmente en contra de cualquier principio de equidad. Con esta propuesta se implementarían también nuevas tarifas que todo extranjero deberá cumplir, por ejemplo, cada uno pagará 50 dólares solo por entrar a Panamá, así como un aumento considerable de costos (250 dólares al Tesoro Nacional, por la sola solicitud de una categoría migratoria y 800 dólares al Servicio Nacional de Migración, por una repatriación).

Resulta fácil sumar y restar. Por un lado nos coartan cualquier posibilidad de obtener clientes migratorios, pero a estos clientes o extranjeros, con la nueva ley, les aumentan lo que deben pagar al Estado. ¿Quiénes pierden en esta operación matemática? Obviamente no el Estado, los únicos afectados en este intento de modernización, somos aquellos profesionales independientes que, con nuestro trabajo y esfuerzo, luchamos cada día por seguir adelante y tener una vida decorosa. En medio de la actual crisis económica que vive Panamá, y sin dejar de mencionar a los extranjeros que también serán afectados, las tasas e impuestos subirán sus costos. Hay infinidad de aspectos peligrosos que se pretende implementar con esta ley, poder absoluto a funcionarios de carrera del Servicio Nacional de Migración (antes Dirección Nacional de Migración y Naturalización), uso de la "fuerza racional, de conformidad con su reglamento", un tanto grave, para los que conocemos lo que significa "fuerza racional".

Como si fuera poco, pulula en el ambiente otra ley aniquiladora, en total detrimento para los corredores de aduana.

Ellos también verán afectados sus intereses, con un sistema que permite la importación de mercancía, cuyo valor no exceda los tres mil dólares, para comerciantes, y cinco mil dólares, para personas naturales, ellos serían excluidos de la obligación de hacer dicho trámite a través de los agentes corredores de aduana.

Los cambios de los requisitos para optar a idoneidad del corredor de aduana, perjudican a los estudiantes de la Universidad de Panamá, cuya "Licenciatura en Administración Pública Aduanera" tiene una duración de cinco años, mientras que en otras universidades, estudiar una carrera con grado de "Licenciatura con énfasis en aduanas", solo tarda dos años.

Se eliminaría la actual tarifa de honorarios para los corredores de aduanas (Ley 41 de 1 de julio de 1996 y Decreto de Gabinete 41 de 11 de diciembre de 2002), y no se establece que la nueva tarifa, no desmejorará la actual.

Es lamentable, señores, y nos asalta la duda ¿qué profesión debemos escoger, que no sea susceptible de cambios radicales, como la eliminación de la tarifa de honorarios o la eliminación total del profesional idóneo dentro del trámite mismo? Posiblemente mañana habrá una disposición que diga que cualquier persona puede representarse como galeno, en su propia cirugía.

Nos corresponderá a los profesionales afectados dedicarnos a la caza, a la pesca o la recolección de frutas.

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