DISTORSIONES

Linchamiento de la universidad: Xavier Sáez-Llorens

Algún día, ojalá no lejano, los medios se darán cuenta del grave daño que las noticias falsas, distorsionadas o manipuladas provocan a las instituciones más importantes del país, particularmente en materia de salud y educación. En fecha reciente, a raíz de unas acusaciones incendiarias del profesor Miguel A. Bernal, nuestra primera casa de estudios se vio afectada por una sarta de oprobios de diversa índole. En una sociedad civilizada, antes de ejecutar linchamientos mediáticos, las pruebas pertinentes sobre una supuesta corrupción multimillonaria deben ser remitidas a la justicia para su debido proceso. Acá sucede al revés. Si esas denuncias no encuentran sustento jurídico, la sanción a los difamadores debería también ser enérgica y ejemplarizante. Ya es tiempo de que los calumniadores de oficio paguen por las continuas injurias proferidas, carentes de fundamento legal.

Numerosos comunicadores y voceros de la “sociedad civil” tomaron partida a favor de Bernal sin siquiera escuchar la otra versión de los hechos. Curiosamente, sin embargo, no hubo ninguna manifestación de repudio masivo por el personal que labora o estudia en la entidad universitaria. Los deseos de protagonismo ciudadano o rating periodístico no pueden estar por encima de valores superiores, como imparcialidad y presunción de inocencia. Un buen periodismo relata los hechos y nunca antepone valentía o primicia a prudencia u objetividad. Jamás he apoyado las reelecciones indefinidas en cargos de jerarquía pública, pero, de permitirse por estatutos, la decisión se ejerce por votación democrática entre los protagonistas del sector, y nosotros, los observadores externos, debemos respetar el veredicto. Independientemente de los resultados de ese sufragio, el prestigio de una institución académica debe trascender las actuaciones coyunturales de personas, más aún las exhibidas por gente fascinada con la cercanía de cámaras y parlantes.

Un grupo de escritores tuiteros, preocupados por la reputación de nuestra universidad, decidimos acudir a la rectoría para indagar sobre asuntos administrativos y educativos. Yo, además, realicé consultas aleatorias a docentes y estudiantes que me topé en el recorrido por varias facultades. El principal problema que acotaba la mayoría de los entrevistados se refería a tres puntos: la deficiencia presupuestaria, la pobre calificación en encuestas internacionales, y la falta de una política eficaz de comunicación sobre fortalezas y debilidades de la institución. Muy pocas personas hicieron alusión específica sobre la necesidad de cambios en la cúpula de mando. Todos manifestaron que con mejor financiamiento y divulgación, los índices ponderados mejorarían notablemente.

Si exploramos los presupuestos universitarios nacionales e internacionales, es evidente que gran parte del problema se relaciona con el grado de financiamiento. En el 2014, nuestra universidad (posición 116 en el QS Latin American University Rankings) recibió 190 millones de dólares para una matrícula global de 50 mil estudiantes, cifra que equivale a 3 mil 800 dólares por alumno registrado. Aparte de ser una exigua cantidad, el 92% del presupuesto se destina para funcionamiento, servicios personales y prestaciones sociales, dejando solo 8% para inversiones en áreas de infraestructura, tecnología, capacitación foránea y formación superior del recurso humano. Al analizar los índices examinados en la encuesta: resonancia académica, reputación de profesores, calidad del estudiantado, número de publicaciones por profesor, número de profesores con grado PhD e impacto de la página web, resulta claro que se requiere mucho dinero para elevar el nivel y mejorar las calificaciones.

En comparación con tres de las más renombradas instituciones latinoamericanas: Universidad Pontificia Católica de Chile (posición No. 1), Universidad de Sao Paulo (No. 2) y Universidad Nacional Autónoma de México (No. 8), uno se percata que estas manejan presupuestos de $281 millones ($11 mil por estudiante), $1,661 millones ($22 mil por estudiante) y $2,400 millones ($8 mil por estudiante), respectivamente. La Universidad de Costa Rica (No. 20), emblema de un país de similar población y PIB, dispone de una cantidad de 500 millones de dólares ($11 mil por estudiante). Dentro de las primeras 150 universidades mejor situadas figura también la Universidad Tecnológica de Panamá (No. 105), la cual recibe $82 millones para 20 mil estudiantes ($4,100 por estudiante). Otras academias panameñas que se clasifican entre los puestos 200 y 300 son, en orden decreciente: Universidad Santa María La Antigua, Universidad de Chiriquí, Universidad Latina y Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

Me tomo la libertad de aportar las siguientes recomendaciones para que nuestra universidad alcance mayor relieve pedagógico: convencer al gobierno de la importancia de un holgado presupuesto, complementándolo con autogestión; coordinar con organismos científicos nacionales (Senacyt, Gorgas, Smithsonian) el adiestramiento de estudiantes en ciencia y tecnología; incrementar los doctorados otorgados; incentivar la investigación de profesores que culminen en publicaciones de calidad y generación de patentes; establecer vínculos asociativos con empresas privadas; fortalecer convenios de pasantía prolongada de maestros y alumnos en universidades de élite; dotar de internet inalámbrico a todo el campus; mejorar la visibilidad de la página web a nivel internacional; promocionar lo que se hace en la institución. Si nos lo proponemos, podemos. Las facultades de medicina y odontología son ejemplo. Muchos de los que nos graduamos ahí pasamos, con nota, los exámenes de admisión de los mejores centros a nivel mundial. La educación de nuestra juventud necesita que todos ayudemos y no denigremos. Despojémonos de egoísmos y popularidades. Por Panamá. @xsaezll

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