SISTEMA JUDICIAL

Manual de segundas intenciones: Dicky Reynolds O´Riley

Nuestra capacidad de asombro e improvisación no tiene límites. Hemos observado que se ha gestado una campaña en torno a la implementación, expectativas y resultados del Sistema Penal Acusatorio en las provincias centrales; institución de garantías que dicta las pautas en la administración de los derechos que concede el Estado a los ciudadanos para que estos no sean conculcados. Una cuasi utopía, pero vale la aproximación a un país de derecho.

La implementación escalonada de este sistema siempre tuvo visos de ilegalidad, porque una ley no puede proveer de privilegios o fuero a una parte de la sociedad. Pero, ¿como atacarla, si la permisividad de esta aberración jurídica fue avalada por quienes la administran? Les puedo hablar en lenguaje técnico sobre hermenéutica, In dubio pro reo, hábeas corpus y otras especias y, sin intención de faltarles el respeto a su inteligencia, muchos no sabrán el significado de esas palabritas artificiales inventadas por los letrados, artilugios verbales para confundir.

Para equiparnos al primer mundo en materia de derechos se instituyó este sistema que busca –para asuntos de docencia ciudadana– permitir que el detenido por la comisión de un delito sea puesto ante un juez, de manera rápida y expedita, cumpliendo con las garantías de ser oído en juicio público, de ser necesario, en palabras comunes, sin muchos rodeos.

En 1990 cuando se instauró el régimen democrático esa era una de las tareas pendientes, toda vez que este fue uno de los argumentos que esgrimieron, que la administración de justicia estaba postrada ante el parecer castrense de otrora; que ya para esa época era arcaico y obsoleto; que a la vez se valía de criterios poco científicos para la prevención e investigación de los delitos y, por ende, limitaba la libertad de las personas. El problema radica en que los estamentos de investigación están acostumbrados a ese rol protagónico de ser perseguidores y decisores.

De cualquier manera, en la fase de implementación del Sistema Penal Acusatorio no están cómodos con los resultados, toda vez que son supervisados por un ente superior que no permite actuaciones al margen de la ley o irregulares y su incidencia puede afectar, como en efecto lo ha hecho y producido el colapso del expediente penal, sin entrar a valorar que quien se juzgue sea culpable o inocente.

La policía es la primera inconforme en cuanto a la aplicación de esta institución de garantía y, como pretexto, esboza que habrá una masa de la población penal que gozará de libertad por meros errores de carácter formal en la instrucción de sus causas; en otras palabras muy garantista, término que aterra a los que creen en la fuerza. Ahora el Estado pretende que continúe el statu quo, bajo la falsa premisa de que no hay recursos necesarios para que ello ocurra de manera óptima –típico del país de las excusas– sin siquiera sentarse a pensar que las normas sobre derechos humanos son impostergables. Ya la detención no estará al arbitrio de un agente instructor, sin que se dé la violación de la ley penal, y la carga de la prueba estará en sus manos.

El modelo inquisitivo ya ha sido defenestrado en la mayoría de países del orbe. ¿Cuál es el afán de no avanzar en este aspecto? El Colegio Nacional de Abogados, en una silente complicidad, observa cómo las leyes se acomodan a la imagen y semejanza de quienes nos gobiernan. Haciéndonos alumnos del leseferismo, de la conveniencia y el temor reverencial.

Solo hay que observar que no somos muy dados al respeto de normas de garantías en este país. A la ley de menores de edad se le achaca propiciar todas las conductas irregulares que cometen los infractores, al punto de que hay voces que desean más severidad en las condenas. O aquellos que ven en el Código de Trabajo la excesiva protección del trabajador, como impedimento al progreso del país. Hay algunos que con cierto dejo de añoranza dicen: “En los tiempos de los militares no se veían tanto delitos y ahora todo es culpa de los benditos derechos humanos”. Parece desafortunado que sirva de cobijo oficialmente, para los que no comulgan con la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. ¿Serán estas las verdaderas intenciones?

Al igual que el Sistema Penal Acusatorio, ahora de moda, los recursos de hábeas corpus y de amparos de garantías constitucionales son enunciados románticos en la Constitución de la República, porque hasta la misma Corte Suprema de Justicia se encuentra morosa en la reparación del derecho de quien considera que ha sido afectado y le ha confiado el escrutinio de la situación que denuncia.

A veces por semanas y meses, acudimos ante los estrados, solo escuchando como una letanía, que la situación jurídica está por resolver y ellos, cuales convidados de piedra, no muestran un ápice de legalidad y humanidad en su actuar forense ni siquiera por ser etiquetados como los guardianes de la ley. Desidia procesal que, siempre tiene una excusa para no atender la situación, como mandata la ley, lo que colinda con el doble discurso. O a lo mejor están a la espera de que el polvo, el moho o el olvido logren el objetivo de hacer justicia. Muchas veces el remedio resulta peor que la enfermedad.

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