EL MALCONTENTO

Memoria súbita: Paco Gómez Nadal

Una de las más perversas cualidades del poder es el de generar tanta confusión como para que la sociedad quede aletargada en un estado que, aparentemente, podría ser de indolencia pero que, en realidad, se trata de un shock politraumático.

De ese estado solo se sale de vez en cuando. Durante unos segundos, o minutos, o días, la sociedad parece recuperar el sentido de la realidad, echa mano del sentido común y pide lo que es de justicia.

Esa memoria súbita es esquiva y hay que aprovecharla. Lo grave es que de ese estado permanente de shock sólo se sale con otro hecho traumático. En este caso ha sido el asesinato de dos menores en San Carlos por parte de agentes de la Policía Nacional.

En realidad, este hecho no es un suceso, sino una de las consecuencias de un proceso lento en el que el poder ha generado un marco de impunidad y de abuso de la autoridad para una institución manejada de forma arbitraria y con maneras militares.

Nada nuevo bajo el sol. Las víctimas de San Carlos se pueden unir a las del Centro de Cumplimiento de Tocumen, a las de Changuinola, a las de San Félix, a las de Colón... a los cientos de víctimas de los excesos policiales cotidianos que no acaban con muerte y que, por tanto, no llegan a nuestros diarios. Los habitantes de los barrios populares saben de lo que hablo, también homosexuales, transexuales o lesbianas, también las y los jóvenes negros, desde luego que los espaldas mojadas que intentan cruzar el Darién y son sorprendidos...

Nadie imagina una policía que deje que se incumpla la ley; pero nadie desea una policía que aplique el rigor de sus prejuicios y la brutalidad de sus formas de manera arbitraria y sin consecuencias. En Panamá, según el estudio centroamericano hecho público por CID-Gallup en febrero pasado, el 62% de los ciudadanos desconfía de su policía. Eso quiere decir que no es “su” policía. Los datos de impunidad policial son mareantes y la inacción del Ministerio Público en este campo es descarada.

Con José Raúl Mulino liderando la estrategia, el Gobierno Nacional ha querido tener un control férreo sobre la institución policial. No para mejorarla, profesionalizarla o hacerla más cercana a la ciudadanía, sino para atajar cualquier gesto de protesta y generar una sensación de miedo permanente en la población.

Mientras el ciudadano se mantiene en la indefensión, los agentes de policía tienen mejores salarios, se les ha dotado de una ley que institucionaliza la impunidad policial, se gastan presupuestos desorbitados en armamento, los jefes justifican casi todo porque de todo son cómplices, y hay un altísimo nivel de corrupción que genera pingües beneficios a todo el sistema. Gobierno tras gobierno, este incluido, han anunciado a bombo y platillo planes de seguridad integral, pero la realidad es que la tranquila Panamá del pasado, la que presumía de bajísimos índices de violencia, hoy es territorio libre para el crimen organizado y para los delincuentes de guante banco.

La petición coral para que se derogue la Ley 74 del 29 de octubre de 2010 es fruto de la memoria súbita colectiva, porque nunca debió aprobarse ni mantenerse. Igual que se debería seguir exigiendo la derogación de los decretos de creación de Senafront (Servicio Nacional de Fronteras) firmados al margen del juego democrático por Martín Torrijos y que generan auténticos estados de excepción constitucional allá donde están asentados estos policías con aspecto de fuerzas especiales militares y actitud de mercenarios. Así como se debería forzar a la justicia a impulsar de una vez por todas procesos serios sobre los abusos de fuerza y la violación de los derechos humanos (incluida violencia sexual, torturas y ejecuciones extrasumariales) por parte de agentes de la misma policía que mató a los dos menores en San Carlos.

El actual director de la policía, Julio Moltó, es un profesional sin formación ni experiencia alguna para el cargo que desempeña, pero rápidamente ha imitado las formas de los peores ejemplos de la región. Con gafas de sol, en claro gesto de irrespeto, desde la soberbia, quiere hacer olvidar lo ocurrido en San Carlos separando a los cuatro agentes involucrados. La verdad es que para que la policía recupere la confianza de la ciudadanía se debe hacer mucho más.

Martinelli y los suyos, se sienten tranquilos. Eso significa que no han aprendido la lección: uno puede controlar a las fuerzas de seguridad con dinero y autoritarismo, pero estas terminan revolviéndose cuando sienten que sólo hacen el trabajo sucio y que pierden el respeto de sus conciudadanos.

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