CONSIDERACIONES LEGALES

Mirada al reciente paro de transporte: Carlos Lucas López T.

No creemos que exista un panameño consciente que no lamentara la actitud asumida por los dirigentes sindicales que acudieron a la declaratoria de huelga de los conductores del Metro Bus. Estos debían mantener operativo el transporte y garantizar a los trabajadores de la capital y del distrito de San Miguelito la puntual asistencia a sus trabajos y –como veremos más adelante– el derecho al libre tránsito por el territorio nacional.

Ello es así porque si bien nuestra Constitución Política, en su artículo 69, reconoce el derecho de huelga del trabajador panameño, el ejercicio de ese derecho debe ser reglamentado, particularmente para los que prestan un servicio público tan importante como garantizar el transporte a los usuarios, ya sea por limitaciones que le hayan sido impuestas por las leyes y los reglamentos de tránsito. El derecho a huelga acarrea las limitaciones que contemplan las leyes formales y los reglamentos de tránsito, conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución, que constituye una de las “garantías fundamentales” de los derechos y deberes sociales del ciudadano.

Tanto o más grave que la declaratoria de huelga fue el paro efectivo de labores de los conductores del transporte público que sirven a la capital y al distrito de San Miguelito, pues esta medida no se presentó previamente ante la jurisdicción de Trabajo. El procedimiento requerido para tales fines se establece en los artículos 448, 449, 475, 476 del Código de Trabajo, normativa que debió ser del conocimiento claro de los trabajadores sindicalizados, pues así está consignado en el artículo 64 de la Constitución y en el artículo 448 del Código de Trabajo, que exigen la declaración previa de la legalidad de la huelga.

Importa destacar esta normativa sobre la legalidad de la huelga, porque con frecuencia los trabajadores, agremiados o no en un sindicato, realizan manifestaciones pacíficas, piquetes de propaganda, etc., situaciones que no vienen a ser sino los efectos de la huelga legal, tal como lo enumeró el Dr. Rolando Murgas Torraza, en el artículo que recoge las “Anotaciones sobre la huelga”, Revista Lex, enero-abril de 1976, páginas 116-117.

Tratándose, en efecto, de la declaratoria de la huelga de los servicios de comunicación y transporte, se debieron tener en cuenta las limitaciones previstas en los artículos 485, 486, 487 y 489 del Código de Trabajo. Algunas de estas limitaciones nunca se llegaron a cumplir, lo que impidió la suspensión de labores y el ejercicio de un paro ilegal, que solo habría podido ser autorizado si se hubiese cumplido con la legalidad del movimiento.

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