Hoy: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

INFORMACIÓN PRIVADA

Mirando con los ojos del espiado: Regina Liakópulos Araúz

El domingo 5 de julio, Hacking Team, la empresa italiana que vendió el programa Da Vinci a gobiernos de alrededor 40 países, entre ellos Panamá, fue hackeada, revelando así información comprometedora de esta. En el año 2011, el gobierno de Ricardo Martinelli realizó la compra de un equipo de espionaje y vigilancia cibernética a dicha empresa por 750 mil dólares. Esta plataforma de espionaje desapareció poco tiempo después de las elecciones generales del 4 de mayo.

Ante esta información nos quedamos con ciertas interrogantes. ¿Para qué utilizaba el gobierno esta plataforma? ¿Se usó para espionaje de delincuentes o para ciudadanos comunes? ¿Cuál fue el alcance de la plataforma?

El programa que se compró permitía ir más allá del monitoreo tradicional. Con este se podía controlar, de forma anónima, computadoras, celulares e incluso tener acceso a archivos, imágenes, documentos, llamadas, capturas de audio o de pantalla, ubicación, chats y hasta contraseñas.

La información capturada se dirigía a diferentes países, antes de que apareciera en el destino final, que en el caso de Panamá era la Oficina de Seguridad de la Presidencia de la República. La compañía Hacking Team no solo vendía el programa, si no que aseguraba también que ni el equipo ni la información se lograra relacionar con algún gobierno.

Un hecho que nos ayuda a determinar en quiénes se utilizaba es que la empresa le comunicó al gobierno saliente que el contrato para el uso vencía el 31 de mayo de 2014, ante esto se solicita una extensión del contrato y, tal como estableció el diario La Prensa la semana pasada, todos los correos que se cruzaron entre los ejecutivos de ventas y los gerentes de Hacking Team, respecto a esa solicitud mencionan la palabra “elecciones”. Por esto, se considera que hay pocas posibilidades de que este programa se utilizara para el espionaje de delincuentes, sino más bien para políticos, empresarios, opositores al gobierno y periodistas, entre otros ciudadanos. No se trataba de un programa para proteger a los ciudadanos panameños, sino más bien para el uso y aprovechamiento de unos pocos, al tener información que de alguna forma les diera ventajas políticas.

Ante esta situación, pareciera que en Panamá no rigiera norma alguna sobre el derecho a la privacidad, que es inherente al ser humano y está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En nuestra Constitución, este se encuentra en el artículo 29, en el cual se establece que “la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales”. Luego se procede a establecer que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

Incluso en el año 1968 ya se vislumbraban los efectos de las nuevas tecnologías, cuando en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, en Teherán, se declaró que aunque es cierto que estas tecnologías han creado un enorme progreso económico, su evolución puede comprometer los derechos y las libertades de los individuos, por lo que requieren atención permanente. Situación esta que hoy vemos como una realidad y, en muchos casos, obliga a buscar formas de proteger nuestra información y privacidad.

La privacidad es un derecho humano fundamental que, para mí y muchos panameños, es importante. Necesitamos tener la certeza de que nuestra información no será de dominio público, y que podemos contar con el respaldo del Estado para reprimir a todos aquellos que atenten contra este derecho. El poder de la información es extraordinario y en manos de las personas equivocadas pudiera ser fatal. Hay que empezar por analizar los datos que compartimos, pues estos puede ser perjudiciales para nosotros y con quienes los compartimos. Ante ataques como los que vemos hoy día, quedamos indefensos.

Por otra parte, exijamos que las investigaciones se hagan de acuerdo a la ley y que se respeten los derechos ciudadanos. Los panameños deben tener el control de la información personal y poder de compartirla cuando quieran.

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