CENTROAMÉRICA

Narcoactividad, democracia y financiamiento: Dorindo Jayan Cortez

En la Cumbre de Presidentes del Sistema de Integración en El Salvador, en 2010, los mandatarios acordaron la actualización del Tratado Marco de Seguridad Democrática para adecuarlo a las nuevas realidades regionales. Los seis países suscribieron el tratado en 1995, pero en Panamá no fue ratificado en la Asamblea Nacional sino hasta el 2 de abril de 2014, mediante la Ley 3. Los cambios hechos son consecuentes con los programas de seguridad en materia de narcoactividad y crimen organizado.

El esquema emergente, abordado de forma amplia en el renglón financiero, tiene antecedentes en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana, celebrada en Guatemala, en junio de 2011. El eje central, que es el que hoy caracteriza a la seguridad democrática y para el que se asignan recursos de apoyo, es la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. De los 22 proyectos aprobados en ese encuentro, se han identificado ocho en los que se definió el financiamiento de los cooperantes.

La seguridad democrática responde a la situación de peligro que afrontan las más débiles por la delincuencia organizada. Es un flagelo que incide en el rumbo de las sociedades centroamericanas y pone en peligro la estabilidad, la paz y el desarrollo. La narcoactividad se extiende a todos los países y, con ella, aumenta la inseguridad a manos de grupos organizados para delinquir.

Para sostener el combate al narcotráfico, los Estados hacen cuantiosas erogaciones que debilitan las finanzas de los programas sociales. Entre 2006 y 2010, el aumento en gastos de seguridad y justicia de la región se elevó en un 60%. En ese último año, alcanzó $3,975 millones de dólares.

La estrategia de seguridad de Centroamérica dirige los fondos a cuatro componentes derivados del narcotráfico: Combate al delito; prevención social de violencia; rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria y fortalecimiento institucional. El total de financiamiento hasta 2014 fue de $78,312,018, lo que suma el 2.5% de los recursos formulados por los países del Sica. A esos costos hay que agregar que la región pasa por una remilitarización y esto incrementará el gasto y, por tanto, se desfavorece la inversión social.

En cuanto a Panamá, durante la administración de Ricardo Martinelli, por ejemplo, se hicieron altas erogaciones para comprar radares, lanchas y helicópteros. También están las 12 instalaciones aeronavales coordinadas con Estados Unidos en distintos puntos del país. En definitiva, lo que se vive en la región en cuanto al gasto en seguridad desmedra la productividad y alcances de las políticas sociales. Estos representa el 8% del PIB en el istmo centroamericano.

Dinero para enfrentar un problema que es grave e incluye asesinatos por doquier y a miles de jóvenes y niños que son empujados a las organizaciones criminales, y a otros que quedan desamparados y huérfanos.

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