REGIONAL

Narcotráfico: un problema multidimensional: Ernesto E. Cerrud H.

La dinámica de la globalización en todas sus facetas impone, entre otros, enormes desafíos a la paz y la seguridad internacionales. En el entorno de la seguridad, ya sea esta local del barrio, nacional, subregional, regional o planetaria, es cada vez más evidente el vínculo transversal entre drogas ilícitas, el crimen y la violencia que genera la comercialización de las mismas en un mercado global donde la demanda y consumo se incrementan exponencialmente generando enormes ganancias producto del negocio.

Para países como Panamá y sus socios miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), las amenazas presentes devienen del crimen organizado transnacional en la subregión, particularmente el tráfico y consumo de drogas ilícitas que utilizan el espacio centroamericano y del gran Caribe como rutas de tránsito desde Sudamérica hacia los mercados de Norteamérica, donde la sed de consumo es prácticamente insaciable.

Después de casi 40 años, la política antinarcóticos de Estados Unidos (EU) se percibe como un fracaso para neutralizar, conjuntamente con la cooperación de sus socios y aliados, el problema mundial de las drogas. Propuestas como la del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de legalizar la producción, tránsito y consumo de estupefacientes van en la dirección de proponer mecanismos alternos basados en el consenso multilateral y la cooperación interestatal. Desde esta perspectiva, el debate que ha generado la iniciativa del presidente guatemalteco es altamente positivo, amén de la total oposición de EU a su improbable implementación. Desde ya, el Gobierno de Panamá ha hecho pública su posición de apoyo al debate, pero rechaza la legalización de drogas ilícitas en territorio nacional.

Paralelamente a esta situación, aunque menos público, se está dando un fenómeno que incide directamente en la gobernabilidad democrática de los países involucrados en esta problemática. Nos referimos al papel predominante de las fuerzas militares y/o policiales –superando su tarea de protección ciudadana y seguridad pública- en la llamada guerra al narcotráfico. Ante la coyuntura, los gobiernos han optado por soluciones cortoplacistas para enfrentar la amenaza a la sociedad y a la propia supervivencia de las instituciones del estado de derecho, debilitadas por la corrupción y la impunidad que genera la riqueza generada por un negocio megamillonario.

En términos estratégicos, se hace evidente que las soluciones cortoplacistas no son sustentables a largo plazo para librar la “buena batalla” contra el narcotráfico y sus delitos relacionados, tal como lo reconoce implícitamente el propio general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de EU (Southcom) en su 2012 Posture Statement ante el Congreso de la unión. Por lo pronto, la única solución es tratar de reducir la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado transnacional a un problema relativamente manejable de seguridad pública con la ayuda de las fuerzas militares o fuerzas especiales policiales.

En el primer caso, los expertos consideran que las fuerzas militares siempre estarán expuestas a un alto riesgo de corrupción, amén de que el uso de los militares en tareas policiales exige un profundo cambio de doctrina. Otros, en cambio, son de la opinión de que es mejor entrenar fuerzas especiales dentro de las fuerzas de seguridad (cuerpos intermedios), como el célebre “Batallón de Operaciones Policiales Especiales” (Bope) de la Policía de Brasil, con capacidad de investigación, infiltración y espionaje para combatir el crimen organizado.

Para los países del Sica (incluido Panamá), la problemática del narcotráfico debe ser abordada de una manera integral. En esta perspectiva, los países del SICA, en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, se adhieren al “principio de responsabilidad compartida y diferenciada”. Dada la naturaleza multidimensional del problema, se tiene en cuenta no solamente los esfuerzos de interdicción (en la política del Gobierno de EU), sino también la imperativa necesidad de reducir la oferta; particularmente el consumo, incluyendo el tráfico ilícito de armas de alto calibre, pequeñas y ligeras, asociado a la violencia, el crimen y el blanqueo de capitales y activos que genera el narcotráfico.

Debido a la complejidad del problema, consideramos que es legítimo y positivo el debate sobre la búsqueda de mecanismos alternos para la lucha contra el narcotráfico. Esto, “a contrario sensu”, no necesariamente significa su legalización o despenalización; sino, por el contrario, debe entenderse como un amplio y renovado debate que debe involucrar la participación de todos los actores para sentar nuevas bases de cooperación y efectividad en el combate al crimen organizado.

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