GOBIERNO

¿Necesitamos una asamblea constituyente?: Juan Manuel Castulovich

Mi respuesta es no. Por consiguiente, consideré acertada la decisión del presidente Juan Carlos Varela de posponer su promesa electoral de convocar a una asamblea constituyente, y también su anuncio de abrir el tema de las reformas constitucionales a la consulta ciudadana.

Espero que la decisión del Ejecutivo haya tenido el efecto de neutralizar la demanda de aquellos sectores, muy minoritarios por cierto, que insisten en la convocatoria de una constituyente paralela. Pero esa decisión, también le impone al presidente Varela la obligación de ofrecer una vía alternativa para que se puedan concretar los cambios que convendría hacer a la Constitución Política vigente. A él le corresponde tomar la iniciativa y presentar al país su posición sobre los mismos, no con articulados específicos, pero sí con claros parámetros conceptuales. Lo que sí es claro es que no debe repetir el ejemplo de su predecesor que, cuando hacía campaña para solicitar el voto de los electores, prometió que impulsaría los cambios necesarios a la Constitución; pero luego nunca dijo cuáles eran.

Los temas específicos a los cuales debería referirse el Presidente no son muchos y, por tanto bastaría con que abordara los mencionados con más insistencia: 1. El método de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 2. La separación efectiva de los órganos del poder público; 3. La creación de la corte constitucional; 4. El “referendo revocatorio”; 5. Limitar el crecimiento del número de diputados y preferiblemente reducirlo; 6. La elección de los gobernadores por votación popular y la creación de los parlamentos provinciales (la figura fue creada por el presidente Arnulfo Arias, en la Constitución de 1941); 7. Parámetros claros sobre la descentralización administrativa; 8. Limitar las campañas políticas y su costo; 9. Normas claras para favorecer las candidaturas independientes y el control ciudadano de la gestión pública; 10. Reforzar el control presupuestario y fijar constitucionalmente límites a la deuda pública y al déficit fiscal; adicionalmente, también sería importante que hiciera conocer al país su posición sobre algunos temas, regulados por la Constitución vigente, que deben ser intocables. Tal vez, el más importante es el del Presupuesto General del Estado. Es conocido que en la Asamblea Nacional existe la aspiración de volver a los tiempos anteriores a la entrada en vigor del acto constitucional de 1983 y para que ese órgano tenga el control de su preparación y ejecución. Si se atendiera esa aspiración, vistas las distorsiones que, de hecho y no derecho, se han entronizado mediante su manipulación en la Comisión de Presupuesto del Órgano Legislativo, es fácil suponer el caos que se armaría.

Por el acto constitucional de 1983, en buena hora y con absoluta sensatez, se establecieron las normas para rescatar para el Órgano Ejecutivo el control de presupuesto y esas normas deben permanecer intactas. Y sería provechoso que el Presidente defendiera su integridad.

Si se revisan las normas de los artículos 267 y siguientes de la Constitución se podrá apreciar que, gracias a ellas, el Presupuesto General del Estado tiene coherencia y, a pesar de las embestidas provenientes del Órgano Legislativo, ha logrado servir a su propósito básico de organizar las finanzas públicas y evitar que el déficit fiscal se dispare a límites incontrolables. Esencial en ese sentido fue establecer la prohibición a la Asamblea de aumentar la estimación de los ingresos y las partidas de los gastos, sin contar con el aval previo del Consejo de Gabinete y de la Contraloría General de la República.

Como comentario final, agrego que la llamada asamblea constituyente paralela es un invento inconsistente y la manera como está redactado el artículo constitucional que a ella se refiere es un auténtico adefesio. El método más sensato y menos traumático –todas constituyentes lo son– para reformar la Constitución es el de las dos asambleas sucesivas, previsto en el numeral 1 del artículo 313. Funcionó en el año 2004 y puede volver a funcionar, siempre y cuando que el presidente Varela tome la iniciativa para conducir el proceso reformador y que nuestra llamada clase política, aunque sea en ese tema, actúe pensando en el bien del país.

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