DERECHO PENAL

Neoliberalismo y populismo punitivo: Luis Calvo Rodríguez

A mediados de la década de 1980, en plena dictadura militar, se dieron en Panamá las primeras reformas de corte neoliberal a través de la implementación de los planes de ajuste estructural. Estos introdujeron algunos elementos orientados a la liberalización de la economía y “flexibilización” de las relaciones de trabajo. La parte más fuerte de la reforma se produce en la década siguiente, a partir de la ejecución de los planes Ford y Chapman, bajo las administraciones Endara y Pérez Balladares, respectivamente.

Diversos estudios han comprobado que la imposición de medidas de corte neoliberal, que implican privatización de servicios y empresas públicas, eliminación de derechos laborales, liberalización de precios o supresión de los aranceles de importación, entre otras medidas, todas tendientes a favorecer a sectores muy particulares de las clases dominantes, tienen como efecto un rápido crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, pauperización intensiva de la clase trabajadora y un empuje al borde del abismo a los sectores más marginales de la sociedad, cada vez más imposibilitados de alcanzar empleos dignos y estables, lo que facilita que se hagan víctimas dóciles del paternalismo clientelista de los politiqueros.

Solo si se parte de tesis absolutamente voluntaristas respecto al origen de las conductas criminales, se puede afirmar que no existe una relación entre estos fenómenos de corte socioeconómico y el incremento de conductas señaladas como delitos por la legislación penal.

En una sociedad que se haga llamar a sí misma democrática, el ejercicio del derecho penal por parte del Estado debe estar sometido a límites y garantías fundamentales, control que va desde el momento en que se legisla hasta el momento en que se realiza la ejecución de la pena.

El Código Penal panameño en su artículo 3 establece que se aplica el principio de mínima intervención de la legislación, lo que significa que ante problemas sociales el derecho penal debe ser la última opción o respuesta por parte del Estado, posición que es coherente con un régimen democrático. Pero en Panamá, más allá de la declaración anterior del Código, la práctica ha sido un derecho penal cada vez más expansivo, sustentado en un pobre, pero bien posicionado populismo punitivo.

Frente al aumento de la criminalidad común, producto de fenómenos económicos como los descritos, la consecuente marginalidad y descomposición social, la opción preferencial de la clase política y económicamente dominante ha sido el populismo punitivo. Este parte de la premisa de que las acciones criminales son resultado, único y exclusivo de la voluntad de sus ejecutantes y que, por lo tanto, la forma de “solucionar” el problema criminal es imponer sanciones más y más fuertes, haciendo un especial acento en el carácter vindicativo de la pena.

Un sistema penal que aspire a ser legítimo debe basarse en criterios científicos, en una comprensión integral de las conductas criminales, y su origen estructural, lo que debe conducir a una concepción político criminal democrática, en la que sean también visibilizados y perseguidos los crímenes de los poderosos.

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