GOBIERNO

Neutralidad, el pilar de política exterior: Euclides Tapia

A principios de este año, el 5 de febrero, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela hizo público un comunicado en el que informó su decisión de “sumarse a los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como los actos de violencia indiscriminada, derivados de la intolerancia religiosa, cultural y étnica”. La forma de hacerlo sería a través de su incorporación a la coalición internacional contra el Estado Islámico (EI), para “hacerle frente a las amenazas contra la paz y la seguridad internacional impuestas por este grupo”. Ahora, tras los recientes ataques del EI en París, Varela reafirma su decisión. Tal acontecimiento genera un crispado debate nacional respecto a la política externa que debe adoptar Panamá.

Cabe comentar el impacto de la posición adoptada por el Gobierno panameño sobre el Tratado de Neutralidad, cuyo artículo II habla específicamente de la neutralidad del Canal, concebida como el derecho al “tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad”. La cláusula homónima agrega que Panamá reconoce el ejercicio de tal derecho, como garantía de que “el Canal y, consecuentemente, el istmo de Panamá, no sean objetivos de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo”.

Es evidente que aunque la institución de la neutralidad a la que se alude no tiene relación con la condición jurídica internacional del país frente a los conflictos armados internacionales (verbigracia, condición de Estado neutral mientras se desarrolle el conflicto), sino a la forma de gestión de una vía acuática de comunicación interoceánica –es decir, a la garantía de tránsito no discriminatorio al que tienen derecho todos los países del orbe–, eso no implica que tal diferencia aconseje a los Gobiernos desentenderse del reconocimiento contractual que hace el artículo aludido, respecto al peligro de constituirnos en un objetivo de represalia militar.

Se entiende que tal enunciado más bien impele a la República de Panamá a que promueva una política exterior que no riña con dicho postulado. Se colige que tampoco es aconsejable que este país, sin Ejército y que opera un canal interoceánico que garantiza el principio de libre navegación, en términos de entera igualdad para todos los Estados del mundo, sea partícipe de organizaciones militares internacionales.

En virtud de lo expuesto, es aconsejable que el Gobierno refunde las bases de la política exterior. Tales nuevos pilares bien podrían asentarse en el documento conocido como Fundamentos de la política panameña de seguridad, excerta legal que nació gracias al consenso de los partidos políticos, y fue aprobado por la presidenta Mireya Moscoso por intermedio de la Resolución de Gabinete 34 de 21 de junio de 2000, e introdujo el concepto de “neutralidad activa”, para garantizar efectivamente que “el istmo de Panamá no será objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo, ni se verá involucrado en confrontaciones entre los Estados, ni dentro de Estados” (sic). De ello se colige que Panamá se mantenga neutral respecto a fenómenos de índole bélica internacional, lo que no la inhibe de pronunciarse (ser “activa”) de modo responsable y asertivo en temas palpitantes de la agenda internacional, incluida la lucha contra el terrorismo.

En conclusión, no está de más recordarle al actual gobierno que en enero de 2012 nuestro país reactivó el principio de neutralidad activa como pilar rector de la política exterior mediante el instrumento de adhesión a la Red de Seguridad Humana, por lo tanto, de lo que se trata ahora es de invocar dicho instrumento, como demostración palpable de que la intención real es mantener al país lo más alejado posible de los conflictos que, en razón de la causa que sea, enfrenta a Estados o grupos insurgentes.

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