JUSTICIA

Nombramiento de magistrados: Ramiro Guerra Morales

Nuevamente estamos inmersos en el tema relacionado con el nombramiento de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y como en otras ocasiones la autoridad nominadora, a presión de los grupos de la sociedad civil, propicia un ambiente para que todos aquellos abogados que aspiran a ocupar tales cargos presenten su hoja de vida.

Señalan funcionarios en la Presidencia que del grupo de interesados que presentaron sus documentos exigidos por la Constitución y la ley, previo análisis, se escogerán 10 nombres que se darán a conocer públicamente a la sociedad, para que exponga sus consideraciones. Pero al final, como lo mandata la Constitución, corresponderá al Órgano Ejecutivo nombrar los dos magistrados y la Asamblea Nacional cumplir con el trámite de ratificación.

En lo particular, no soy optimista que las cosas vayan a cambiar por el lado del Órgano Judicial, en especial de la Corte Suprema de Justicia. Dicho en palabras llanas, la politización de la justicia o la justicia politizada o la mediación prebendaría, es un problema de cómo resolver que aquel, es decir el Órgano Judicial, no esté merced de factores de poder meta jurídicos, que lo desnaturalizan, sirviendo no al Estado de derecho, sino a intereses lejos de aquellos propósitos.

No perdamos de vista que la estructura de la justicia está levantada sobre un piso institucional donde el origen de su legitimidad le viene dada por un procedimiento, cuya objetividad la vicia o mediatiza una relación de poder por excelencia político, muy a pesar del propio texto constitucional, que consagra la independencia de los jueces y magistrados. En ese sentido, mientras un magistrado le deba su posición a un factor de poder, como lo es el Órgano Ejecutivo, dudo que se mejore la credibilidad de nuestra justicia. La cuestión no se reduce a individuos; cierto que estos pueden desde una perspectiva ética intentar proyectar una imagen distinta con sus actuaciones, pero en ese intento atreverse a desafiar los factores de poder y los interlocutores de la mediación prebendaría constituye un desafío de ser o no ser, en esencia existencial.

La situación legal panameña, es grave; no solo por los lados de la Corte Suprema, sino toda la estructura de operarios de la misma. Además en el medio abogadil hay que trabajar el aspecto ético, en tanto que muchas de las patologías que se le endosa a la justicia y a sus funcionarios, están trabadas por una relación de complicidad de los profesionales del derecho. En este escenario hay mucha tela por cortar. Actitud y discurso no van agarrados de la mano.

En este contexto, es importante señalar que el escenario de desenvolvimiento de la justicia es bastante abarcador; verbigracia el control de la legalidad y la actuación del poder en esta, los conflictos individuales que se proyectan como jurídicos, la tutela de los derechos fundamentales y en ello los derechos humanos, los conflictos derivados de la relación familiar y las transgresiones disociadoras de la conducta delictual. Aspirar a ser juez o magistrado tiene que empezar por entender que su oficio no es sacar provecho de su posición en este entramado de relaciones múltiples.

El único acto político aceptado de un juez o magistrado es el voto. De allí, que con justa razón se dice que la magistratura es un sacerdocio.

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