DESCONFIANZA EN LA JUSTICIA PANAMEÑA

Para que Noriega se vaya a Italia: Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –A pesar de que un Spadafora es magistrado de la Corte Suprema, la familia Spadafora no confía de la justicia panameña y esa desconfianza está ampliamente justificada. A diario vemos cómo el sistema judicial en Panamá está plagado de anacronismos, arbitrariedades, absurdos, atropellos e ineficiencias, para no hablar de abierta corrupción (incluso en la Corte Suprema).

Los ciudadanos pagamos un precio alto por no tener justicia. Por ejemplo, Rogelio Cruz denunció el jueves (en el noticiero matutino de Telemetro) que un joven detenido por posesión de marihuana pasó dos años y medio en La Joyita sin recibir juicio, a pesar de que el delito del que se le acusaba no admite detención preventiva. Dos jueces fallaron que su detención era ilegal pero, según Cruz, la fiscal antidrogas insistió en apelar estos fallos y el muchacho siguió preso. Cuando al fin le dieron libertad, su salud estaba tan deteriorada que murió cuatro días después.

En otras palabras, un joven cuyo único crimen fue fumar marihuana fue sometido, ilegalmente y sin juicio, a un encarcelamiento que para los efectos prácticos fue una pena de muerte. Manuel Antonio Noriega, por contraste, ha cometido delitos gravísimos –incluyendo el espantoso asesinato de Hugo Spadafora– pero hay indicios de que todo “está arreglado” para que el asesino se vaya, tranquilamente, a su casa, sin pagar por sus crímenes en Panamá.

Ante eso, uno comprende perfectamente bien que la familia Spadafora esté moviendo cielo y tierra para llevar su caso ante cualquier sistema que no sea el panameño, porque la impunidad que reina en este país es intolerable. En esto, veo paralelos con el caso de Augusto Pinochet, dictador chileno, cuando el juez Garzón pretendía juzgarlo en España. A la época, muchas personas me arguyeron que “solo a Chile le corresponde juzgar a Pinochet”; pero el problema era, precisamente, que Pinochet había tenido el cuidado de auto-dotarse de inmunidad en su país. Chile no podía juzgarlo, pero era intolerable que sus crímenes quedaran impunes, por lo que me pareció buena idea que España lo hiciera. Lástima que la táctica fracasó.

En el caso de Noriega, queda obvio que él está confiado de gozar en Panamá de lo que yo tildaría como “inmunidad de facto”, es decir, que él en Panamá quedará libre sin importar las condenas o lo que sea justo. Y una vez que él esté en suelo panameño, y paseándose felizmente por doquier, ya no podrá ser extraditado a Italia (porque la Constitución panameña prohíbe la extradición de sus ciudadanos). Por eso es que la familia Spadadora está haciendo todo lo posible para enviarlo primero a Italia.

Sin embargo, hay varios problemas desde el punto de vista jurídico. Primero, vimos cómo Panamá tuvo que esperar que Washington aprobara la extradición de Noriega al istmo, por lo que me parece dudoso que Washington apruebe ahora el envío de Noriega a Italia. Sin embargo, la familia Spadafora me dice que según el derecho italiano, esto no sería una “extradición” a Italia, sino una “relocalización”, que se manejaría a nivel de los juzgados sin involucrar a las cancillerías.

Otro posible problema es uno que mencionó Cruz durante esa entrevista en Telemetro. Según Cruz, hay un convenio internacional (del que Panamá es signataria) que prohíbe juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Pero entiendo que en Italia, como en Estados Unidos, eso quiere decir que no se puede juzgar dos veces en la misma jurisdicción. Y no importa lo que diga el derecho panameño sobre esto, solo lo que diga el derecho del otro país.

El bottom line en todo caso, es que Panamá no tiene justicia. Noriega se aprovechó de esto para atropellar cuando era dictador y ahora pretende volverse a aprovechar, como reo, para asegurar su impunidad. Por la falta de justicia, los panameños pagamos un precio caro.

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