DE PARCHE EN PARCHE

Nueva Constitución: ¿espejismo?: Ramón Morales Quijano

Una Constitución Política es, a la vez, acumuladora de derechos, instrumento de la división de los poderes del Estado, y creadora de competencias destinadas, precisamente, a limitar dichos poderes. Así dicen los textos de cívica.

La que tenemos vigente en Panamá, por razones harto conocidas, respondió al deseo de unos pocos de subordinar los órganos del Estado a un Ejecutivo monarca que residiría en el cuartel general militar. Los que la redactaron redujeron conscientemente la separación de poderes a una simple distribución de funciones para que los diversos órganos del Estado se mantuvieran subyugados al nuevo poder.

En el transcurso de 39 años, el Ejecutivo monarca solo ha cambiado de dirección residencial y los parches introducidos poco o nada han hecho fuera del ámbito electoral.

Ha llegado la hora de poner fin a la puesta de curitas y a los cálculos políticos de corto plazo. Se hace impostergable proceder a la expedición de una nueva Constitución que responda a los mejores conceptos filosóficos; que garantice los derechos inalienables de los ciudadanos; que contenga salvaguardas que preserven las garantías individuales y sociales, y que asegure la convivencia en paz en un entorno de instituciones perdurables y respetables. Para ser una nación real y digna, necesitamos lo que la actual Constitución nos ha negado: separación de poderes, igualdad, libertad y seguridad jurídica. La Carta Política debe destacarse por la armonía en sus componentes, por el equilibrio real en sus alcances, y por disposiciones que les sean entendibles a los destinatarios de las normas. Esta es la forma de evitar contradicciones sociales o jurídicas, y de eliminar los privilegios y las válvulas de escape que permiten el incumplimiento del deber en la función pública y atizan la corrupción.

Las consideraciones anteriores no permiten posponer más ni la reestructuración dogmática de la jurisdicción constitucional ni su separación orgánica y física dentro del sistema judicial. Esta pareciera ser la vía idónea para que su competencia y sus obligaciones no sean desvirtuadas por posibles contubernios de las “salas” existentes en la Corte Suprema. Y como complemento, se impone establecer un sistema de nombramiento de magistrados con base en estrictas reglas de descalificación, además de las de idoneidad profesional, para ver si acabamos con algunas competencias políticas por las jugosas jubilaciones que ofrece la Corte.

El doctor Edgardo Molino Mola, destacado integrante de la Comisión de Reformas a la Constitución, ha planteado con valor cívico la necesidad de extirpar por mandato constitucional la concesión de fueros y privilegios, mediante leyes y prácticas que reparten prebendas y, también, inmunidades y exoneraciones de impuestos.

Igualmente, en un programa de televisión se refirió a los evidentes acuerdos censurables de la Corte Suprema y la Asamblea Nacional para efectos de la recíproca impunidad de sus miembros. No existe más gráfico envilecimiento institucional; y lo peor de todo es que los culpables del mal tienen poder para evitar que se arranque de cuajo este tumor.

A los planteamientos de Molino Mola podríamos agregar, sin necesidad de ser jurista, lo que todos los ciudadanos conocemos: que en el ámbito constitucional, la Corte Suprema se escuda en trucos procesales y supuestos defectos de forma para dejar en limbo el fondo de la materia, corrompiendo así el sistema.

Si la jurisdicción constitucional tiene como finalidad la supremacía, guarda, integridad y defensa de la Constitución Política –otra vez los textos de cívica– ella debe ejercerse a través de mecanismos procesales simples que no puedan ser utilizados para impedir, retardar o esquivar pronunciamientos de fondo.

Para la vida de nuestra nación necesitamos garantías individuales y sociales efectivas, y la capacidad de las instituciones de ofrecerlas y de sobrevivir en el tiempo. Esto último es lo que se llama “gobernabilidad”. Lamentablemente, vistos los vericuetos que hay que transitar para lograr lo que se está planteando, pareciera que las grandes expectativas no pasan hoy de ser puro espejismo, y que más temprano que tarde el asunto tendrá que ser negociado en la calle.

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