´CAMARÓN LEGISLATIVO´

Nueva ley de culto a la personalidad: Fernando Gómez Arbeláez

Con el sigilo que caracteriza a un ratón escondido, la reservada mayoría de diputados en la Asamblea Nacional ha adoptado otra de sus inconfundibles disposiciones legales filtradas a último minuto en una ley extraña al tema, de esas aprobadas a golpe de curul sin divulgación previa ni debate, que son conocidas popularmente como “camarones legislativos”.

La Ley 81 de 22 de octubre de 2013, “Que modifica la Ley 67 de 2008, que dicta la Jurisdicción de Cuentas, y regula otra disposición”, concierne a ciertos cambios en la legislación sobre la responsabilidad derivada de irregularidades que la Contraloría General de la República haya detectado en reparos formulados a las cuentas de funcionarios y agentes en el manejo de los fondos y bienes públicos. Es el resultado del proyecto de ley 657, presentado a la Asamblea Nacional en septiembre por el ministro de la Presidencia. La nueva ley fue publicada en Gaceta Oficial 27,403 del pasado viernes 25 de octubre.

Como reconoce su título, la Ley 81 de 2013, en adición a esa materia particular, también “dicta otra disposición”. Sin embargo, esta se encontraba ausente del proyecto inicial y fue añadida sin debate alguno en vísperas de su aprobación legislativa. En realidad, la “otra disposición” no tiene absolutamente ningún vínculo con la jurisdicción de cuentas. Corresponde a un artículo nuevo, el ahora artículo 12 de la Ley 81, el cual en pocas palabras establece: “Se deroga el artículo 1 de la Ley 33 de 1941”.

Tras la sencillez y parquedad de su redacción, esta repentina norma esconde su trascendencia. Deroga sin más la única disposición en toda la legislación panameña que por 72 años había impedido el culto - fuera velado o directo - a la personalidad de altos funcionarios en ejercicio, prohibiendo el uso de sus nombres en toda obra pública. Bajo el derogado artículo 1 de la Ley 33 de 1941, quedaba “terminantemente prohibido a los empleados estatales y a los constructores de obras nacionales de cualquier clase, bautizarlas con nombres de personas que aún existen . . . Tal prohibición se extiende igualmente a los nombres de establecimientos de beneficencia, de recreo o de utilidad pública, así como a cualesquiera otras auxiliares en su construcción o mantenimiento con fondos públicos”.

La Ley 33 de 1941, aprobada durante la primera administración presidencial del doctor Arnulfo Arias Madrid, era una de aquellas inspiradas en las experiencias del estadista panameño en Europa, como fue la creación, ese mismo año, de la Caja de Seguro Social (CSS). El viejo continente, del cual Arias había regresado a Panamá en 1939, se encontraba dominado por gobiernos totalitarios en los que se rendía un culto oficial casi idolátrico a la personalidad de sus autocráticos líderes: Hitler en Alemania, Stalin en la Unión Soviética, Mussolini en Italia, Franco en España, Antonescu en Rumanía, Salazar en Portugal.

No muy lejos de Panamá, la situación era algo similar con los numerosos dictadores de la región. Trujillo, Somoza, Ubico, Batista, Vincent: todos se vanagloriaban con grandes obras públicas a las que infaltablemente designaban -o exigían a sus partidarios y aduladores que designaran - con sus propios nombres o los de sus familiares. El peor caso fue el de Trujillo, quien para honra personal hizo hasta cambiar el nombre de Santo Domingo por el de “Ciudad Trujillo”, que mantuvo la capital dominicana hasta la muerte del dictador en 1961. La Ley 33 de 1941 impediría esos exabruptos demagógicos, populistas y totalitarios en una democrática Panamá, para entonces todavía ajena a dictadores.

En un anterior artículo de opinión (“El espectro de Ciudad Trujillo”, La Prensa, 26/7/13) observé cómo la junta directiva de la CSS había incumplido con lo dispuesto en la Ley 33, así como en la Ley 51 de 2005, orgánica de la CSS, al designar a la futura ciudad hospitalaria de la institución con el nombre de “Ricardo Martinelli Berrocal”, presidente de la República. En esa oportunidad subrayaba que, dada la prohibición impuesta por la Ley 33, solo una nueva norma especial permitiría que a una obra pública como es la ciudad hospitalaria se le designara con el nombre de una persona viva, y que en este caso, de ser aprobada, “esa ley tendría que ser sancionada por el mismo beneficiado en su condición de presidente de la República”.

Es probable que tanto funcionarios de gobierno como diputados hayan encontrado inviable tal posibilidad, dado su indiscutible impacto negativo a la imagen de un presidente que no está en el cargo para autoconcederse indulgencias a través de leyes. Por ello, se habría optado por derogar furtivamente el artículo 1 de la Ley 33, incorporando esa derogación de una manera subrepticia en la Ley 81 de 2013.

Sin duda, lo más notorio de esta encubierta derogación es que ha contado con el beneplácito deliberado del Presidente de la República, quien sancionó y mandó a promulgar la nueva ley. El artículo 12 no apareció en la Ley 81 por accidente o casualidad. Desde su entrada en vigencia, preocupa que en Panamá el culto a la personalidad presidencial haya dejado de mostrarse como un asunto manejado por terceros cercanos, para emerger ahora como un mandato que procede del deseo y la voluntad expresa del propio gobernante.

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