MEDIO AMBIENTE

Nueva amenaza a las áreas protegidas: Donaldo Sousa Guevara

Panamá es uno de los pocos países del mundo que aún tiene la suerte de contar con áreas verdes alrededor de sus zonas urbanas. Una de estas, que incluye un patrimonio ambiental maravilloso, es la que rodea al cerro Corozal, cercano a dos comunidades en las áreas revertidas.

La Ley 21 de 1997, que aprobó el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal, así como la Ley de Ciudad Jardín, clasificaron estas tierras (incluido el cerro) como Parque No Desarrollable y Parque Recreativo Vecinal. Conforme a lo establecido en los artículos 66 y sucesivos de la Ley 41, General de Ambiente, se declararon áreas protegidas por su biodiversidad e importancia para la calidad de vida. Es por esta razón que los residentes en las comunidades de Corozal y Los Ríos las defienden y mantienen en buen estado. Sin embargo, ese patrimonio es usurpado y violentado por las acciones del Servicio de Protección Institucional (SPI), cuyas instalaciones se ubican, precisamente, entre ambas comunidades.

Esa institución –últimamente militarizada– del Estado ha invadido los terrenos de forma ilícita y amenaza con tomar otros. Sus actividades, entre ellas, tráfico, ensordecedores entrenamientos, disparos y detonaciones, el establecimiento de su unidad canina y fincas improvisadas con animales de corral, entre otras, causan impactos ambientales que contaminan el parque.

Recientemente, los vecinos descubrieron una de las peores acciones del SPI, que constituye delito ambiental, y es que se ha dado a la tarea de cubrir las laderas del cerro Corozal, con una enorme cantidad de desperdicios (orgánicos e inorgánicos), propios del equipo militar y de las construcciones que se realizan en sus instalaciones. Todo esto causa graves daños al ambiente.

La Asociación de Residentes de Los Ríos y Corozal ha tratado de frenar estos actos con solicitudes a las autoridades y mediante la negociación directa, sin lograr una respuesta positiva. Por esto, han decidido fortalecer la lucha, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de las Áreas Revertidas y sus asesores, denunciado estos atentados a las normas ambientales y al ordenamiento territorial, por lo que exigen a las autoridades responsables que mantengan las normas vigentes, sin alteración alguna, y que el SPI, constituido para proteger las instituciones del Estado, detenga los actos que le restan al país un lugar de incalculable valor ecológico y merman la calidad de vida de los habitantes.

Por lo expresado, los moradores, asociaciones citadas, junto a otros panameños conscientes, defenderemos las áreas protegidas mediante los instrumentos que el ordenamiento jurídico del país establece, de manera que se respete, también, la voluntad de la ciudadanía que es parte integrante fundamental de la dimensión ambiental, conforme a la definición contenida en el artículo 2 de la Ley 41 General de Ambiente, porque esta no solo comprende los aspectos físicos, químicos o biológicos, sino los socioculturales, la acción humana y, sobre todo, la vida.

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