INTERÉS NACIONAL Y RECIPROCIDAD

La OCDE viola nuevamente soberanía de Panamá: Adolfo Enrique Linares Franco

La OCDE viola nuevamente soberanía de Panamá: Adolfo Enrique Linares Franco La OCDE viola nuevamente soberanía de Panamá: Adolfo Enrique Linares Franco
La OCDE viola nuevamente soberanía de Panamá: Adolfo Enrique Linares Franco

Del día 1 hasta el 4 del mes en curso llegó una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de su apéndice el Foro Global, para supuestamente verificar la capacidad de Panamá en el intercambio de información fiscal con otros países. Esto, según mi criterio, representa una violación flagrante a la integridad de Panamá como nación soberana e independiente, y al derecho internacional público porque se viola nuestra soberanía, el derecho de libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, pues una delegación de funcionarios públicos extranjeros pretende evaluarnos, como si fuéramos todavía una colonia.

Y digo esto porque ningún país desarrollado permitiría una revisión de semejante naturaleza. ¿Cuándo vamos a entender que la OCDE no es un organismo con poder legal ni moral para imponer normas o estándares de obligatorio cumplimiento, tanto a sus países miembros como a los que, como Panamá, no son miembros de dicho cartel?

Panamá no debe permitir nunca más que la OCDE ni el Foro Global vengan a revisar absolutamente nada, pues Panamá tampoco puede ir a verificar absolutamente nada ni en la OCDE ni en ninguno de sus países miembros, así de sencillo.

Nuestra política exterior debe tener como norte principal defender el interés nacional, la soberanía y la reciprocidad y, sobre todo, la igualdad entre los Estados. Permitir que la OCDE nos “audite”, sin que podamos hacer lo mismo en los países OCDE, nos saca de ese camino y nos supedita a su jurisdicción, y esto no es otra cosa que caer nuevamente en el colonialismo, quieran verlo así o no.

El derecho internacional público le da la potestad a todo Estado, grande o pequeño, de decidir su forma de gobierno, fiscalidad y economía, pero la OCDE pretende forzarnos para que la Asamblea Nacional empiece a legislar en materia fiscal y financiera a favor de ellos, y no del pueblo panameño. Esto viola nuestra Constitución, cuyo su artículo 2 establece claramente que el poder público solo emana del pueblo y que este lo ejerce por medio de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no por medio de la OCDE, del Foro Global, ni del G-8.

Felicito al Gobierno Nacional, en especial al equipo de Cancillería y del Ministerio de Economía y Finanzas, por mantener una posición valiente, digna y acorde a los intereses nacionales. Muy diferente a la posición del presidente Ricardo Martinelli y de su ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quienes mantuvieron una actitud entreguista pusilánime e irresponsable, y son los principales responsables de la inclusión de Panamá en la lista gris del Gafi, entre otras calamidades. A tal punto que un 30 de diciembre, en la oscuridad de la noche, se cambió el régimen de renta fiscal territorial a uno de renta mundial lo que tuvo que corregirse unos días después.

Nuestra participación en la fase dos no tiene ningún sentido, pues Panamá ya ha confirmado que desarrollará su propio modelo de intercambio de información, y la OCDE solo debe revisar o supervisar a aquellos países que sí han confirmado su adhesión a la convención multilateral que ellos promueven. Y es que, en adición a todo lo dicho, y al pretender sonar pesimista, no me queda la menor duda de que el informe del Foro Global dirá que somos deficientes, pues a fin de cuentas lo que busca es obligarnos a firmar la convención de la OCDE.

En mi criterio el Gobierno nacional, sin renunciar al principio universalmente reconocido de que la fiscalidad es un tema interno de cada país, debe informarle a la OCDE y al Foro Global que Panamá mantiene la posición planteada por el presidente Juan Carlos Varela en la Asamblea General de las Naciones Unidas de discutir el tema fiscal en un foro internacional, en este caso las Naciones Unidas, no la OCDE, puesto que el primero es un organismo que sí contempla en su carta constitutiva el respeto y el trato igualitario entre Estados, a diferencia del segundo que solo cree en el bullying diplomático. Por favor, no nos enredemos nosotros mismos en la pata de los caballos nuevamente.

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