VISOS DE ILEGALIDAD

El foro global de la OCDE: Carlos Ernesto González Ramírez

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está constituida por un grupo de naciones desarrolladas –otros países no pueden acceder, a menos que sean invitados– y tiene por objeto el desarrollo económico de sus estados miembros. Con tal fin, se ha dedicado a estudiar cómo mitigar la competencia internacional que impacta, de manera negativa, los intereses de sus socios. Entre lo que identifican como nocivo están los centros financieros fuera de sus fronteras y la competencia fiscal (herramienta fundamental para el desarrollo económico de los pueblos modernos, incluyendo los de la OCDE).

En 1998, el grupo publicó un estudio, Harmful Tax Competition, en el que señalaba que la globalización y la tecnología estaban afectando los centros financieros dentro de sus fronteras, porque los que ellos llaman off shore (fuera de sus costas) representaba una competencia desleal. Los argumentos de eficiencia y deslealtad de sus competidores los sustentaban en la poca regulación aplicable, frente a sus centros altamente regulados (y, por tanto, más costosos), y por niveles de impuestos más bajos o inexistentes. Por esto, debían presionar a esos países (no miembros de su club), para que cumplieran con regulaciones semejantes e intercambiaran información fiscal; aunque a ellos no les representara ningún beneficio y, al contrario, esto acabara destruyendo sus centros financieros.

Al principio querían hacer ver que el tema se podía manejar con criterios objetivos, pero cuando intentaron definir lo que era un paraíso fiscal, cayeron en cuenta de que, bajo cualquier definición objetiva, sus miembros más importantes también tendrían que ser catalogados como tales. Ante esta realidad, decidieron cambiar la táctica y hacer listas subjetivas y evitar las definiciones objetivas. Esto, además, les permitía crear nuevos criterios de supuestos estándares internacionales de cooperación fiscal.

Para darles visos de “legitimidad” a su esfuerzo, convocaron a países no miembros para que formaran parte de un “foro” al que le asignarían responsabilidades que los participantes aceptarían (el llamado Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria). Obviamente, como los criterios objetivos son peligrosos para ellos, no se hizo una organización internacional en toda regla ni se establecieron artículos de incorporación. Es más, no han publicado sus reglas en ningún lugar. Así, al no existir en el mundo jurídico, podían coaccionar a los países para que participaran, sin pasar por los procesos democráticos tradicionales. Es decir, se harían miembros de un foro que no tiene reglas objetivas, sino criterios controlados por la OCDE y que no requeriría de una aprobación formal, como un tratado internacional.

Para controlar aún más a los tontos útiles que se deslumbran con una reunioncita en la OCDE, se inventaron la “Revisión Paritaria” de las legislaciones de los países “miembros” (sin reglas, nuevamente). Con ese nombre pareciera que los que asisten al foro participan, también, en la revisión paritaria, pero resulta que no es así. Esa revisión la hace un grupo de 30 países escogidos: 15 miembros de la OCDE (la mitad), ocho con fiscalidad alta (como Argentina y Brasil), cuatro actuales colonias de miembros de la organización (únicos con regímenes similares al panameño), y tres de posiciones indefinidas.

Por la razón anterior, por ejemplo, cuando se revisa la existencia de acciones al portador en el Reino Unido, este país se limita a decir que las tiene, pero eso no reviste mayor incidencia o relevancia (con 15 votos, más las colonias, los miembros de la OCDE tienen asegurado su paso por la revisión). En mi concepto, cualquier país digno debería negarse a participar en esta farsa, a menos que, previamente, se constituyese en un organismo internacional y se aprobara su creación por la vía que constitucionalmente se requiere: la Asamblea Nacional (en el caso de Panamá).

De hecho, los funcionarios que participan en estas reuniones lo hacen sin tener una legislación que los apoye, lo que puede llegar al desvío del poder, toda vez que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que las leyes autorizan. Por eso, hasta que no exista un tratado constitutivo que establezca las reglas claras y objetivas para todos los participantes y que la Asamblea Nacional lo haya aprobado, el Ministerio de Economía y Finanzas debe abstenerse de participar en este bodrio.

Es responsabilidad del país respetar las normas internacionales constituidas y desarrolladas mediante procedimientos formales indispensables. Es mediante el derecho internacional como los países pequeños tenemos la posibilidad de defender nuestros intereses. Esta debe ser la posición que se le debe comunicar a la OCDE y la única legítima para cualquier gobierno.

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