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MANIPULACIONES

Obligada rectificación en el Colegio Nacional de Abogados: Miguel R. Vanegas

La elección de la nueva junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) ha puesto de relieve una situación que afecta la credibilidad del gremio y sus parámetros éticos por las prácticas que se vienen utilizando a propósito de la designación de sus miembros.

Es muy preocupante que las mañas más nefastas del clientelismo de la politiquería criolla sean moneda de curso normal entre profesionales que se supone deben guiarse por principios y valores morales en sus actuaciones dentro y fuera del foro. Esta situación queda expuesta por la precaria representatividad del colegio que es percibido más como un espacio para ventajismos sectarios y posibilidades particulares que como caja de resonancia de los graves problemas que afectan la correcta e imparcial administración de justicia, el respeto al estado de derecho y a la institucionalidad republicana.

Los torneos electorales del CNA casi siempre han sido objeto de prácticas que corroen su legitimidad gremial al punto de provocar el alejamiento de valiosos colegas y la ausencia de muchos más, tanto que, de los aproximadamente 16 mil abogados en ejercicio solo 7 mil 600 están afiliados al Colegio y de ellos solo 2 mil 300 participaron en el reciente torneo electoral. Además, un alto porcentaje de estos fue reclutado, por unos y otros, con el pago de sus morosidades a cambio del sufragio. Esto explica por qué no se percibe un ente combativo, de propuestas y de pronunciamientos valientes ante el acontecer nacional, sino una agremiación de intereses y objetivos alejados de los auténticos fines cívicos regeneradores al servicio de la patria y la justicia.

Los procesos electorales abogadiles, devaluados por el cuestionable pago de cuotas a miembros morosos para habilitar su derecho al voto, era moneda de curso normal en la época de la dictadura militar como mecanismo de control político del colegio. Este cuestionable tráfico debe ser erradicado porque, al igual que el clientelismo imperante en la política populachera y subalterna, envilece tanto al que paga la morosidad como al que recibe el indebido beneficio.

No es cuestionable que los abogados tengan simpatías y participen o no en la política partidista, lo que debe evitarse es que se condicione a los gremios en su accionar desde una posición sectaria político-partidista, anulando así su misión orientadora de la conciencia gremial y de la opinión ciudadana.

En repudio a esas prácticas y comportamientos, surgió lacandidatura gremialista del Dr. César A. Quintero y su elección y reelección en los períodos de 1978 y 1980, pero vemos que poco a poco se han reinstalado tales prácticas nocivas. Es tiempo de que se retomen los valores y principios del verdadero gremialismo para evitar que el colegio siga mediatizado por intereses político-partidista y que prevalezca la defensa insoslayable del estado de derecho y la institucionalidad como piedras angulares de la democracia panameña.

El tiempo es el mejor juez de la pasada coyuntura electoral en la que el colegio quedó con más penas que glorias, por lo que sería alentador promover una participación decente de todos los abogados rectificando los condicionamientos y que el Colegio Nacional de Abogados asuma el papel que le corresponde como el gremio de los profesionales del derecho, objetivo, crítico, independiente y liberado de indebidas manipulaciones.

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