MODIFICACIONES NECESARIAS

Panamá está en mora con la Corte Penal Internacional: José M. Terán

En julio de 1998 la República de Panamá se convirtió en signataria de la Corte Penal Internacional (CPI) y, el 21 de marzo de 2002, depositamos el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma. Transcurrió más de un siglo de vida republicana y tres lustros desde nuestra adhesión al Estatuto de Roma para que Panamá tuviese su primer embajador residente ante el Reino de los Países Bajos y, por ende, un representante Permanente ante la CPI. Corría el último mes del año 2012.

Sin personal de apoyo, pero decidido a trabajar con ahínco para cumplir con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, presenté credenciales ante una organización en la que se ventilan graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

Acto seguido pregunté: ¿Se encuentra Panamá al día con la CPI? No solamente teníamos una mora económica con la CPI, sino algo mucho peor: la legislación nacional en materia penal no se complementaba con el Estatuto de Roma, estábamos desfasados.

El tener que atender cinco organismos multilaterales en La Haya me permitió establecer contacto con Parlamentarians for Global Action, pilares en el proyecto. Así nace la idea para desarrollar un anteproyecto de ley que adecuara la normativa nacional penal al compromiso de la CPI. Fueron meses de trabajo, reuniones, de lecturas legales y de consultas que concluyeron con un documento bien pensado y con la debida sustentación para que fuese recibido, con beneplácito, por las autoridades en Panamá, y así prohijar cambios y subsanar la desidia de muchos años.

Reconozco la buena intención de la procuradora Ana Belfon y del magistrado José Ayú Prado, quienes comprendieron que no podíamos permanecer en mora en tan delicado tema. Se coordinó realizar un seminario en Panamá, financiado en parte por la CPI. Tal era el interés, que el presidente y la fiscal de la CPI viajarían a Panamá para darle fortaleza al evento, motivación alimentada por la visita previa que realizó el secretario general de la Procuraduría de Panamá a la CPI para tratar el tema.

Nuestra proyección trascendería fronteras e invitaríamos a procuradores y fiscales de países del Sistema de la Integración Centroamericana para incentivarles a realizar procesos similares en sus respectivas circunscripciones, y prohijar la adhesión de la República de El Salvador al Estatuto de Roma.

El proceso electoral de 2014 interrumpió lo que ya tenía fecha, financiamiento y logística de apoyo. Era la oportunidad para que nuestro país brillara en materia penal internacional. Sin embargo, el resultado de las elecciones no debería ser óbice para continuar hacia nuestro objetivo e hice contacto con diputados y autoridades electas, conocedores a fondo del problema, mas no hubo ambiente para acoger la iniciativa.

Han pasado ya dos años, pero no pasó al olvido la meta trazada para que el tema se debata en el ámbito nacional. Recientemente participé en un seminario internacional, organizado por estudiantes de derecho y ciencias políticas, sobre el poder constituyente. Aquí hago un paréntesis: es impostergable la convocatoria prometida para la elección de una asamblea constituyente que genere un nuevo contrato social y que ordene, de una vez por todas, conceptos constitucionales para una nueva sociedad acorde a los tiempos.

Volviendo al tema principal. En dicho seminario conversé con el presidente del Colegio Nacional de Abogados para que fuese este organismo el que liderara este esfuerzo iniciado en 2013. Entonces, vino la pregunta obligada: ¿qué hace un médico preocupándose por presentar un anteproyecto de ley para modificar la legislación penal panameña al Estatuto de Roma? Sencillo, es un compromiso moral para que este país, al que he representado con dignidad y orgullo, subsane su mora con la humanidad y así enviar un mensaje alto y claro: nadie jamás debería siquiera pensar que puede cometer graves crímenes de lesa humanidad, venir a Panamá y salir impune, porque aquí no tenemos interés para adecuar nuestras leyes a los convenios internacionales, convenios a los que nos adherimos de forma voluntaria y nos comprometimos acatar. Es así de simple. @teranjm

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