TRATAMIENTO ADECUADO

Panamá y la extradición de Noriega: Ramón Morales Quijano

El Panamá América del 18 de abril último informó haber recibido una carta del exdictador Manuel Antonio Noriega, en la que acusaba al Gobierno panameño de negligencia, lo que impidió su envío a Panamá, “a pesar de su condición de prisionero de guerra”.

Hace un año transcribí, para unos estudiantes de derecho, informaciones públicas y disposiciones de derecho internacional sobre prisioneros de guerra. Anoté que los relatos conocidos indican que Noriega no vistió uniforme en medio de la invasión de Panamá por las fuerzas armadas de Estados Unidos; que huyéndole al ejército invasor, se escondió en varios lugares entre la población civil; y que cuando pidió refugio y abordó un vehículo de la Nunciatura Apostólica, vestía camiseta gris y pantalón tipo bermuda. Y, por último, señalé que el gobierno del presidente Guillermo Endara destituyó y privó de su rango a Noriega, mediante el Decreto de No. 2, de 2 de enero de 1990, un día antes de que éste negociara con el general Mark Cisneros su entrega voluntaria a las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Noriega contravino los principios generales contenidos en los reglamentos de La Haya que indican que los combatientes están obligados a “distinguirse de la población civil” (condición general de visibilidad), cuando toman parte en un ataque o en cualquiera operación militar. Si estos violan la disposición sobre visibilidad, pierden su estatus de combatiente y ello acarrea la pérdida del estatus de prisionero de guerra.

Estos principios son tan fundamentales que los Convenios de Ginebra, de 1929 y 1949, obligan a determinar la autenticidad de la condición de combatiente del capturado.

Aunque Noriega apareció después con un uniforme que no vestía cuando entró a la Nunciatura, él se entregó como delincuente común y no como combatiente. Los militares de Estados Unidos lo pusieron inmediatamente en manos de autoridades judiciales de ese país, y éstas lo internaron en una prisión federal –no militar–, ubicada en Miami.

La aceptación de su presencia en uniforme durante el juicio en Estados Unidos tampoco tuvo implicaciones militares: fue una decisión de consenso, tanto del tribunal como de los juristas que tomaron parte en el juicio.

El proceso llevado a cabo por el juez Hoeveler que terminó calificándolo como prisionero de guerra (su dictamen de 1992) se apoyó en algunas amplias definiciones de Ginebra III y se debió a que los abogados del Gobierno de Estados Unidos pidieron concederle los beneficios de dicha convención, aunque nunca hubo acuerdo de que era, conforme a derecho internacional, prisionero de guerra. Lo que hicieron fue aplicar una disposición del convenio que permite que una potencia ocupante, bajo ciertas circunstancias, pueda a discreción “tratar” como prisioneros de guerra a quienes considera necesario apresar.

Además, en agosto de 2007 la Corte del Distrito Sur de Florida, al considerar sendos recursos de Habeas Corpus, ordenamiento judicial e interdicción (documento 1713), señaló textualmente lo siguiente: “Cuando esta Corte determinó hace 15 años que el reo era un ´prisionero de guerra´ (POW) de acuerdo con la Convención de Ginebra Relativa al Tratamiento de Prisioneros de Guerra, agosto 12, 1949,6 Ust 3316, 75 Unts 135 (“Convención”), Estados Unidos v. Noriega, 808 F. Supp. 791, 803 (Sd Fla. 1992), lo hizo primordialmente dentro del contexto de las preocupaciones del reo sobre la atención que recibiría durante su custodia”.

Lo que hasta ahora ha purgado Noriega, tanto en Estados Unidos como en Francia, son condenas por delitos comunes, lo que confirma que no fue juzgado por causas imputables a la acción militar de Estados Unidos en Panamá. En consecuencia, al ser traído a Panamá no lo será bajo disposiciones del Convenio III de Ginebra ni para repetir sus condenas externas, sino para imponerle el castigo que le corresponde por los crímenes cometidos aquí.

Los ciudadanos que aspiramos a vivir en un verdadero estado de derecho no podremos conciliarnos con el incumplimiento o falseamiento de los procesos legales aplicables a este caso.

La gravedad del evento que se acerca y sus repercusiones jurídicas y políticas deben afinar nuestra suspicacia y llevarnos a forzar conductas y manejos que no produzcan perjuicios adicionales a nuestra cuestionada institucionalidad.

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