NADA QUE OCULTAR

¿‘Panama Papers’?: Nadiuska Lopez Moreno de Abood

El mundo despertó con la noticia sensacionalista Panama Papers, frase acuñada para identificar el conjunto de documentos que denigran, insultan y calumnian el sistema financiero de Panamá, y la profesión de los abogados panameños, grupo al cual pertenezco.

Sin entrar a un análisis minucioso de los millones de documentos ilegalmente obtenidos, considero esencial hacer las siguientes aclaraciones para aquellas personas que pueden dejarse “engañar” por esta falacia.

Hipótesis 1: La constitución de sociedades offshore y actividades relacionadas son ilegales.

Falso. Constituir sociedades anónimas es una actividad legal, no solo en Panamá, sino también en grandes y respetadas jurisdicciones, como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, y otras más pequeñas, como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Belice, etc.

El término offshore significa una sociedad que incorporas fuera de tu territorio. Y, normalmente, en un territorio que para determinado cliente tiene implicaciones fiscales menores. Algunas jurisdicciones del club la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vociferan que estas jurisdicciones se prestan para delitos, porque en ellas sus nacionales evaden sus impuestos. ¡Interesante razonamiento!

Hipótesis 2: Las sociedades constituidas en Panamá son utilizadas, en su mayoría, para evadir impuestos u ocultar actividades de dudosa legalidad.

Falso. El actual sistema societario de Panamá, desde 1927, ha sido modificado conforme al crecimiento y exigencias de un mundo cada vez más competitivo, que exige transparencia. Sociedades panameñas son negociadas en mercados de valores internacionales, han sido seleccionadas por organizaciones supranacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, para extender el desarrollo de sociedades de inversión por ellos auspiciados.

Hipótesis 3. Privacidad es igual a actividades ilegales.

Falso, falso, falso. Panamá ha sido pionera en fortalecer leyes para la prevención de blanqueo de capitales, mediante la obligación legal de conocer quiénes son los propietarios finales de estas sociedades.

¿Sabía usted que nuestra legislación solo permite que las sociedades anónimas emitan acciones “al portador”, si estas permanecen en custodia de entes autorizados? Entes que siempre deben conocer la identidad de dichos propietarios. Es irónico que en jurisdicciones, como Florida o Delaware, usted puede crear una sociedad con acciones al portador y llevárselas para su casa. En este orden de ideas, es importante destacar que a nosotros –los abogados– se nos permite, legalmente, confiar en la diligencia debida que un cliente institucional efectúa, siempre que él esté regulado con el mismo o mayor nivel que la regulación patria.

En Panamá, país boyante política y financieramente, se brinda la seguridad física y patrimonial que las personas económicamente pudientes no lograron encontrar en sus jurisdicciones.

Por esta necesidad de proteger la integridad, muchas de estas sociedades panameñas y de cualesquiera jurisdicción exitosa, como proveedora de vehículos societarios, es que encontramos la figura de un “director nominal”, término satanizado, como testaferro, que son aquellas personas accesibles y de entera confianza, ya sea del cliente o del abogado, y que acceden a fungir como director de una sociedad. Y, como tal, cobra por sus servicios.

Los Panama Papers contienen información de 21 jurisdicciones... 21 jurisdicciones en total, sin embargo, se titulan Panama Papers, ignorando que la mayoría no corresponde a sociedades panameñas. Por esto llamo al cuento Panama Papers el gran “engaño”.

Es importante destacar que se ha cometido un grave delito informático, porque la extracción de estos documentos publicados sin el consentimiento de sus legítimos propietarios es un delito contra el derecho constitucional que resguarda la privacidad de la correspondencia; es una afrenta contra todos los panameños y una violación contra nuestro derecho de decidir qué mantenemos como privado y qué no.

La aseveración del secretario general de la OCDE de que “las revelaciones de los Papeles de Panamá han hecho la luz de la cultura y práctica del secretismo de Panamá”, me obliga, como panameña, a retarlo públicamente a estudiar nuestras leyes societarias, que las compare con las de países miembros del club privado OCDE y, educadamente, reconozca que nuestras leyes no contemplan el término “secretismo” en cuanto a propietario de sociedades se refiere.

Esto no es un atentado contra Mossack Fonseca; esto es un ataque contra Panamá. ¿Pase de factura? Júzguelo usted.

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