COMERCIO MARÍTIMO

Panamá y el canal por Nicaragua: Carlos A. Alvarado

Nicaragua ha firmado un contrato por el que otorga una concesión para la construcción de un canal interoceánico por ese país. Liderada por un empresario de Hong Kong, la concesionaria es una firma de la que no se conocen antecedentes de financiamiento y ejecución de grandes proyectos. Esto ha provocado que el acuerdo sea muy cuestionado por personalidades como el escritor nicaragüense y exlíder sandinista Sergio Ramírez Mercado y organizaciones calificadas, como el Consejo Superior de Universidades Privadas de Nicaragua.

Quizás los argumentos más contundentes contra la concesión los expresó el Consejo de Universidades Privadas, al señalar que Nicaragua renuncia a muchos de sus derechos soberanos, a la vez que otorga una casi ilimitada capacidad de hacer y disponer de tierras y recursos naturales con mínima responsabilidad de indemnización a la nación o a quienes sean afectados. El contrato es por 50 años, prorrogables por otros 50 a sola solicitud del concesionario, y concede inmunidad legal frente a un posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La iniciativa, definida como “construcción de un canal”, en realidad es algo mucho más complejo y ambicioso que incluye ferrocarril y carreteras (formarían un canal seco), puertos y zonas libres, aeropuerto, oleoducto, plantas manufactureras para la exportación y la creación de un centro logístico para el recibo, manejo, consolidación y distribución de carga.

El proyecto en Nicaragua no es el único en la región. De Colombia hasta México, todos los países, excepto El Salvador, por no tener costa en ambos océanos, promueven canales secos (ferrocarriles y/o carreteras), casi siempre bajo la sombra del poder económico de la emergente república de China. Esto ha llevado a Ramírez Mercado a afirmar que “el viento del oeste sopla sobre Centroamérica con fuerza mágica, y nos abrasa el aliento del dragón colosal”.

La propuesta ha generado la equivocada preocupación de que se inicie una guerra de peajes entre Panamá y Nicaragua, que perjudicaría a ambos canales. Preocuparse en este momento por una improbable guerra de peajes es distraer la atención del problema. Deberíamos centrarnos en dónde está ubicado Panamá frente a lo que se plantea. Nicaragua parte de cero, debe construir todo para hacer realidad su proyecto. Por el contrario, el nuestro lo tiene todo y, además, opera el canal a un nivel de excelencia.

Aquel proyecto requiere de la construcción de un canal a un costo enorme; Panamá ya lo tiene, con el ingrediente adicional de casi cien años de experiencia, y se prepara para atender la demanda en el futuro previsible vía la ampliación. Ese país deberá construir aeropuertos; el nuestro cuenta con al menos cuatro en la zona de tránsito: Tocumen, Howard, Coco Solo (Colón) y Río Hato. Nicaragua tiene que construir puertos; aquí operan exitosamente en Balboa, Rodman (PSA) y Colón (Cristóbal, Manzanillo y CCT), complementados por diques secos y astilleros bien equipados. Nicaragua busca crear zonas libres; Panamá ya cuenta con la Zona Libre de Colón y el área económica especial de Howard. Nicaragua debe construir una carretera transístmica; Panamá la tiene y, recientemente, ampliada. Nicaragua necesita construir un oleoducto; Panamá cuenta con Petroterminal de Panamá (PTP). Nicaragua tiene que construir un ferrocarril; Panamá cuenta con el primer ferrocarril transoceánico de las Américas, que transfiere contenedores entre ambos océanos. Finalmente, Nicaragua deberá desarrollar su capacidad de comunicación con fibra óptica; Panamá dispone de este novedoso sistema de alta tecnología que, para comunicar el mundo de este a oeste por cable submarino, cruza el istmo de océano a océano. El problema es que, mientras nuestros políticos juegan a quién se queda con el poder político, Nicaragua, uno de los países más pobres de América, busca cómo salir del subdesarrollo. Considerando lo anterior, concluyo que la amenaza no es Nicaragua ni su proyecto; nuestro enemigo está dentro, en la inercia y pobre visión de futuro de nuestros dirigentes.

Con una infraestructura instalada y funcionando, hace más de 20 años se promulgó la Ley 25 de 1992, a fin de convertir a Panamá en el Centro Logístico de las Américas. En 2012, el sector privado creó el Consejo Logístico Empresarial y el Gobierno designó un gabinete que debería asumir el liderazgo para que se concretara ese proyecto. Quizás por falta de visión y por dedicar más interés al rejuego político, el Gobierno no ha asumido el liderazgo para llevarlo adelante.

Al otorgarle prioridad a gran cantidad de proyectos de infraestructura, al Gobierno pareciera importarle más la oportunidad proselitista que ellos le brindan que el desarrollo de una iniciativa que llevaría a Panamá al primer mundo. Y en su empeño por mostrar obras a cualquier costo, ha abusado de la modalidad “llave en mano”, comprometiendo los aportes que hará el Canal en los próximos años. Esta política cortoplacista tendrá el efecto de hipotecar los fondos que serán necesarios para convertir a Panamá en el centro logístico regional propuesto por la Ley 25 de 1992. Desafortunadamente, la prioridad para nuestros gobernantes parecieran ser las próximas elecciones y el beneficio personal, mas no el desarrollo del país.

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