CRÍTICA

Panamá va como el cangrejo en materia judicial: Jaime A. Padilla González

A través de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, se aprobó la derogación del artículo 569 del Código Judicial, que establece el régimen legal de las denominadas “medidas conservatorias o de protección general o innominadas”.

La exposición de motivos que tuvo como fin principal la derogación del artículo citado, se fundamentó en hechos totalmente falsos e inexactos, tales como: “Por el excesivo uso de la figura, es una puerta abierta para la desprotección de los derechos de los demandados, que conlleva al desequilibrio de la balanza y, por ende, se aleja de mejorar el resguardo de los derechos de las partes en un determinado proceso, contrariando de forma directa el principio de igualdad procesal”, y por “... el uso indiscriminado de la figura procesal de medidas conservatorias consignadas de forma amplia y discrecional en el artículo 569 del Código Judicial, pudieran dar lugar a constituirse en una figura exorbitante en desmedro de una de las partes en litigio”.

Estos argumentos, reiteramos, son falsos y absurdos. Primero, porque las medidas cautelares conservatorias o de protección general o innominadas son mecanismos establecidos en todos los procesos civiles modernos para, precisamente, mantener incólume el objeto del proceso, que no es otro que hacer valer los derechos subjetivos de las partes y con este objetivo que cubre esta medida es que se garantiza la igualdad.

¿Cómo puede pretenderse que exista una igualdad cuando una de las partes desaparece bienes o se queda en insolvencia y, cuando se le vence en un juicio, no hay cómo hacer efectiva la sentencia favorable y resarcir el derecho subjetivo conculcado de la parte que pretende ampararse o protegerse con estas medidas cautelares? Y, precisamente, esta medida es la que garantiza que exista esta igualdad.

La segunda falacia expuesta es que hay abuso y uso indiscriminado de esa figura procesal por parte de los jueces al conceder medida cautelar. En primer lugar, todo juez es independiente y no puede verse presionado por absolutamente nadie, ni por políticos, medios de comunicación y mucho menos por las partes procesales. El juez es independiente y solo responde a Dios, a la ley y a su conciencia.

En segundo lugar, nos tomamos la molestia de investigar las estadísticas del Órgano Judicial, juzgados de circuito y municipales civiles, en cuanto a la aplicación de estas medidas conservatorias o de protección general o innominadas y, durante el año 2011, en todos los juzgados de circuito y municipales (ramo civil) de Panamá solo se practicaron 22.

¿Saben por qué no puede haber abuso en la práctica de estas medidas?, porque la jurisprudencia ha sido constante en exigirle al juez que, previo a decretar o aprobarlas se cumplan tres presupuestos procesales indispensables:

1. Que se cuente con la apariencia del buen derecho fomus bonis iuris, o sea, que exista un indicio palpable por parte del juez de que quien la está solicitando tiene o puede tener en peligro las resultas del proceso.

2. Que existe un periculum in mora, es decir, que exista un temor fundado de sufrir un daño irreversible si no se practica la medida.

3. El juez tiene que fijar una fianza para cubrir los posibles daños y perjuicios que pudiera causar la aplicación si no llega a producir los efectos deseados por el solicitante.

Este es uno de los preceptos más difíciles de consentir por parte de un juez; entonces nos preguntamos: ¿cómo pueden los jueces caer en abuso?

Finalmente, somos del criterio y estamos seguros de que fueron otros los motivos (oscuros y de peso) que impulsaron a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional a someter el proyecto, y luego la ley, para derogar el artículo 569 del Código Judicial, pero no vamos a ahondar en esto, porque nuestra intención principal es de docencia.

Lastimosamente, en materia judicial, vamos para atrás como el cangrejo.

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