Mañana: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

MIRADA AL PASADO

Panameño habla con tu corazón: Rubén Darío Paredes

De los jóvenes, aquellos menores de 55 años que integran el 60% de la población y conforman el motor del país, con poca referencia de las confrontaciones del ayer, que desconocen el esfuerzo hecho para alcanzar la prosperidad política y económica que hoy gozamos (entre ellos los actuales gobernantes), dependerá que no retorne aquella época de inestabilidad.

Tiempos de confrontaciones entre bandos “piedeguerra”, de destrucción y golpizas a manos de varilleros y matones a sueldo; de persecuciones, cabezas rotas y balaceras, al amparo policial y con saldo de muertos; de diatriba entre emisoras, encarcelamientos caprichosos, exilios sorpresivos, peculados a la carta y fraudes electorales. Tiempos en que la “Policía política del régimen” era una copia de la Gestapo; que la Guardia Nacional estaba a órdenes de los gamonales, de sus bienes e intereses políticos; y se robaban y destruían urnas en las elecciones.

Tiempos de golpes contra el Legislativo y el Ejecutivo, ambos en 1968; del levantamiento de jóvenes idealistas que sacrificaron sus vidas al enfrentarse contra la Guardia Nacional en el cerro Tute, en 1959; de la invasión de 100 mercenarios cubanos ese mismo año en el poblado de Nombre de Dios y, 30 años después, en 1989, con la humillante intervención armada estadounidense provocada por una dictadura de falsos dirigentes aferrados al poder político.

Hoy es necesario meditar en la importancia de conservar la paz, propiciando la convivencia y el respeto a los derechos de terceros, como lo consagra la Constitución. El fortalecimiento de la democracia recae en hombros del presidente Ricardo Martinelli. Él debe respetar la alternancia en el poder, sea de hombres o de partidos, si así lo quiere el pueblo. En estos 110 años como República, todo intento de cambio súbito en el funcionamiento institucional –léase golpe de Estado–, solo progresa cuando la fuerza pública participa y apoya.

En febrero de 1968, la clase política estaba inmersa en el canibalismo por el poder frente a las elecciones fijadas para mayo de ese año. Los liberales en el gobierno controlaban la Asamblea y demás instituciones. Estaban aferrados al control político, usufructuaban los bienes y pretendían prolongar su mandato violando la Constitución y los derechos individuales del precandidato Arnulfo Arias. Para llevar a cabo sus ambiciones concibieron la idea de hacer un juicio en la Asamblea para procesar y derrocar al presidente constitucional, el también liberal Marcos A. Robles, quien no apoyaba esos planes. Centraban su esfuerzo en impedir que el precandidato Arias corriera al frente de la alianza opositora, que lucía triunfante. En otras palabras, dicho juicio no era otra cosa que un golpe parlamentario, que tomó varios días. Al final Robles fue despojado de sus funciones como presidente e inhabilitado políticamente de por vida.

Cuando el vicepresidente Maximiliano Del Valle, quien era parte de los conspiradores, se aprestaba a asumir el cargo en reemplazo de Robles, el general Bolívar Vallarino, director de la Guardia Nacional, lo impidió, al observar la descapitalización de los poderes del Estado. En consecuencia, aquel golpe resultó fallido, Robles culminó su mandato y Arias ganó las elecciones.

Ocho meses después la conspiración política recuperó fuerzas, esa vez contra la Guardia Nacional. En los sucesos previos al golpe del 11 de octubre, Arias desconociendo la ley que rige el “escalafón de antigüedad y méritos” de la institución, de un plumazo nombró a un civil “argentino panameño” de apellidos Díaz Duque, como mayor de la Guardia Nacional. El hecho se consumó en la ceremonia del relevo de mando, el 10 de octubre. Ese día, el protocolo indicaba que el general Bolívar Vallarino le entregaría el mando al general José María Pinilla, relevo que contaba con la anuencia del Presidente, sin embargo, Arias inexplicablemente se ausentó, y fue el ministro de Gobierno, Norberto Zurita, quien leyó el resuelto presidencial. Allí, a la sombra de la torre de Panamá La Vieja, se decapitó a la institución de un tajo, al “jubilar” al general Pinilla. El resuelto deshonró la ley del escalafón, lo que era una burla y amenaza contra los graduados en las academias militares, que eran además padres de familia. Arias fue derrocado la madrugada del 11 de octubre de 1968.

Cabe recordar que él ya había sido depuesto de la presidencia del país en dos ocasiones en las décadas de 1940 y 1950, precisamente, porque la Fuerza Pública era parte del acuerdo del reparto o botín político.

Ahora cuando los miembros de los Ejércitos o de la Fuerza Pública de cualquier país democrático juran lealtad a su bandera y Constitución, renuncian a vínculos con los partidos y jefes políticos, lo hacen por dos razones fundamentales. Primero, porque en ellos reposan las armas que el pueblo puso en sus manos para su defensa. Segundo, porque los Ejércitos o la Fuerza Pública constituye el pasador de seguridad de la gobernabilidad del sistema. Son el anclaje sólido que sostiene la nave de la República a flote cuando se dan las contiendas políticas para la renovación de los gobernantes. La Fuerza Pública, por mandato constitucional, está obligada a obedecer al poder civil constituido, siempre que este administre la República de manera que las órdenes que imparta, sobre todo, en períodos de crisis no desborden la Constitución y las leyes del país.

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