DESCENTRALIZACIÓN

Participación comunitaria: Rolando Gittens M.

La reforma de la Ley #32 de 2009 que regula la descentralización de la administración pública significará mucho más que la mera transferencia del dinero que genera el impuesto de bienes e inmuebles a los gobiernos locales.

Se trata, entre otros, de ver quiénes tendrán que resolver las posibles deudas que generen los corregimientos o alcaldías. Y es que la experiencia de otros países que llevaron erróneamente a municipalizar las responsabilidades del Estado, provocó un endeudamiento no solo por una mala administración, sino porque las necesidades sobrepasaron sus recursos, sobre todo para atender los gastos que garantizaban la atención primaria de salud y el funcionamiento de los colegios estatales.

Pero, quizás más importante que todo lo anterior, es saber cómo se implementará el mecanismo para que en Panamá exista una eficaz participación de las comunidades. Sobre todo cuando estamos hablando de un giro en la forma tradicional de hacer las cosas, ya que no estamos acostumbrados a trabajar en beneficio de los demás.

La estructura de la sociedad panameña históricamente presenta la marginación de demasiados ciudadanos de los bienes y servicios que produce el crecimiento económico. Nuestra realidad socioeconómica da como resultado a muchos panameños que poco les importan los problemas de su barrio; prefieren sumergirse en su pequeño mundo de la música popular y en las preocupaciones del diario vivir.

Participar en la comunidad requiere sacrificar tiempo libre, descuidar un poco las atenciones que requiere su familia. No todas las personas están dispuestas a olvidar estos tipos de responsabilidades a menos que se implemente un programa intenso de sensibilización social. Son necesarios estos programas ya que la participación significará no solo una fiscalización de los fondos, sino la posibilidad de brindar un genuino espacio a sus opiniones sobre las inversiones consideradas más apremiantes para los barrios y comunas.

No hay duda de que si se da dicha participación colectiva, se le complicará tanto a los representantes de corregimiento como a los alcaldes actuar solo desde el punto de vista del partido político al que pertenecen. Podría ser un posible golpe al paternalismo que padece la política criolla panameña.

Debemos, por lo tanto, entender que todo este proceso de descentralización que promovieron en un par de meses, tanto el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el diputado de oposición Javier Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, renovará el viejo sistema municipal del país, incrementará el acceso a la información financiera y los niveles de participación sociocomunitaria en los 648 corregimientos y 78 alcaldías del país.

Pero la anterior tesis corre el peligro de ser solo una buena intención. La reciente protesta de los residentes de la barriada Corotú de Arraiján por no haber sido consultados sobre una inversión habitacional del Gobierno, que supera los 135 millones de dólares, en unos terrenos colindantes, a fin de darle solución a unas 8 mil familias de escasos recursos, es una señal de alerta que requiere de toda nuestra atención.

En todo caso, la descentralización es un tema pendiente que ha sido afrontado desde hace más de 40 años por muchos países latinoamericanos superando una serie de problemas inherentes. No ha sido fácil su implementación, pues también encierra concepciones ideológicas sobre lo que debe o no ser concentrada la gestión de los gobiernos centrales.

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