HERRAMIENTAS JURÍDICAS

Participación ciudadana como control de la constitucionalidad: Alfredo González Rodríguez

La Constitución Nacional es el conjunto de normas jurídicas de mayor jerarquía, por medio de las cuales se consignan derechos objetivos y subjetivos, que son exigibles por los gobernados, además de regular de forma general la organización de la vida y las instituciones de un Estado.

Es precisamente esta condición de supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico, lo que exige la existencia de mecanismos de controles constitucionales que garanticen que éste no vulnere lo estatuido en la Constitución Nacional. En ese sentido, nuestra propia Constitución establece como mecanismos de control constitucional de carácter subjetivo las diversas modalidades de Hábeas Corpus y, desde el punto de vista objetivo, la acción de inconstitucionalidad, el amparo de garantías constitucionales y la facultad exclusiva del Presidente de activar la objeción de inexequibilidad.

Todas las anteriores constituyen herramientas jurídicas que permiten, tanto a ciudadanos como a los operadores de justicia, así como al propio Presidente de la República, establecer barreras a exabruptos que se den por medios de leyes y actos públicos en contravención a la Carta Magna. Es en esta ley suprema, como también es conocida, donde descansan los más altos valores y principios bajo los cuales nos regimos como sociedad, y de allí la necesidad de su protección.

De acuerdo con el artículo 206, numeral 1 de nuestra Constitución Nacional, es una facultad exclusiva del pleno de la Corte Suprema de Justicia la guarda y protección de la integridad de la Constitución Nacional, es decir, la resolución de las controversias constitucionales que se generen, y, es por medio de estos recursos y acciones promovidas a diario, por los diversos sectores de la sociedad facultados para tales efectos, que se demandan las posibles violaciones a la ley suprema.

En los últimos años se ha venido generando, a lo largo del desarrollo y evolución de nuestro incipiente sistema democrático, una tendencia en la que un número plural de organizaciones y gremios no vinculados a los gobiernos de turno, como tampoco a las estructuras del Estado, opinan y hasta cuestionan sobre temas álgidos en el ejercicio de las políticas públicas, cuya ejecución le corresponde a los gobiernos.

Este tipo de manifestaciones de sectores organizados de la sociedad, independientes de las estructuras del Estado y de los partidos políticos, constituye un acto puro de ejercicio ciudadano que es una de las más profundas manifestaciones de que vivimos en un Estado en el que se respetan las garantías constitucionales, y de lo que denominamos comúnmente participación ciudadana, lo que a su vez se traduce en un acto de ejercicio democrático innovador y moderno, sin precedentes en nuestro país y en el resto de la región latinoamericana.

De allí que se impone que ese ejercicio ciudadano revista de independencia y objetividad, mas no sea contaminado por posiciones políticas, ya que comprometería enormemente el espíritu noble del acto democrático de marras.

No obstante, a propósito de que nos encontramos en un período de nuestra vida patria en la que el gobierno actual promueve reformas constitucionales, propicio sería que se incorpore a nivel constitucional un espacio de amplia divulgación y consulta ciudadana, dentro del proceso de formación de las leyes, decretos, resoluciones y otros actos públicos, en el que participen la mayor cantidad de gremios organizados, antes de que se inicien las discusiones por los entes formalmente establecidos por la Constitución Nacional y las leyes, y en ejercicio de esa facultad de participación ciudadana, se pueda prever que actos de la administración pública sean contrarios a lo dispuesto en la Constitución Nacional.

Este requisito se establecería a rango constitucional como una forma necesaria para la legitimación del proceso de formación de las leyes. Lo anterior nos llevaría a buscar formas de consensos y permitiría que, de manera previa, se discutiese sobre la viabilidad constitucional de cualquier iniciativa y, finalmente, de subsistir las controversias, le correspondería al pleno de la Corte Suprema de Justicia dirimir esta, desahogando así la ya abrumada administración de justicia constitucional.

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