RETROCESO

Peligrosa regulación de medicamentos: Rubén D. Carrera D.

Los requisitos regulatorios han evolucionado en general y, desgraciadamente, a raíz de vergonzosos errores humanos. En función de esto se han adoptado normas como el Decreto de Copeland, en 1906, que prohibió a la industria farmacéutica aducir indicaciones falsas de los medicamentos.

El decreto que creó la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en 1938, como respuesta a la intoxicación de más de 100 personas con un elixir de sulfanilamida que contenía un 72% de dietilene glycol, y la enmienda Kefauver–Harris, en 1962, legislación que fue necesaria debido al desastre causado por la talidomida que produjo varios nacimientos de niños con acortamiento o ausencia de sus extremidades.

Estos eventos han servido como referentes para que los gobiernos responsables en diversos países hayan adoptado medidas, influenciados por normas que implementó el gobierno estadounidense. En Panamá, después de la tragedia con el jarabe fabricado con dietilene glycol, en 2006, y tras la muerte de más de 250 panameños se ha hecho todo lo contrario a lo expuesto en el párrafo anterior: El 31 de octubre de 2007, se sanciona la Ley 45 que, paradójicamente, “Dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición”, en los artículos 196 y 197 se prescinde del registro de oferentes o proveedores y se exime del registro sanitario. Todos conocemos lo que pasó cuando trataron de ubicar el distribuidor del alcohol tóxico: no había dirección, oficina, etc. El año 2009, el gobierno elaboró un anteproyecto para reformar la Ley 1, de 10 de enero de 2001, sobre Medicamentos y otros Artículos para la Salud Humana, aduciendo que esta ley es obsoleta. Pero lo que plantea es aún peor que la Ley 45, porque le quita la potestad como laboratorio de referencia al Instituto Especializado de Análisis, de la Universidad de Panamá, y flexibiliza la expedición de registros sanitarios. Además, allana el camino para que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas designe, a su criterio, a otros laboratorios de referencia nacionales y extranjeros, entre otras disposiciones, lo que provocaría poner en peligro la salud de los que habitamos esta inigualable amada patria. Este anteproyecto de Ley, en su artículo 51, numeral 6, le da facultades al Consejo de Gabinete, órgano eminentemente político, para que pueda solicitar las excepciones de registro sanitario.

Como si no fuera suficiente, el Ministerio de Salud emitió el Decreto Ejecutivo No. 1199 de 25 de octubre de 2010, que trata de poner en práctica, aduciendo reglamentar los artículos 2 y 3 de la Ley 11 de 23 de julio de 1987, en la que se indica bajo qué figuras el Estado puede otorgar un permiso especial para la importación de medicamentos, cuando resulten demasiados gravosas las proposiciones hechas localmente y por razones de urgencias.

Ambas figuras son fáciles de crear; las urgencias, por ejemplo, son el reflejo de una mala gestión. El Decreto 1199, faculta a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas para que expida un permiso especial de importación al establecimiento farmacéutico o laboratorio fabricante, sin mediar registro sanitario alguno. Recordemos que, después de la industria del petróleo y la bélica, el negocio de los medicamentos es el que genera más ganancias.

Presidente Martinelli: no hay que reglamentar nada, esa materia sobre las excepciones del registro sanitario está tipificada en el artículo 40, de la Ley 1. Lo peor es que esos artículos de la Ley 11 de 1987, cuya reglamentación tratan de justificar, surgieron y fueron pertinentes en momentos en que Panamá vivía una de sus peores situaciones económicas: sus reservas monetarias fueron congeladas, no podíamos importar prácticamente nada, se prohibió a otros países que nos vendieran insumos, artículos, medicamentos, etc.

¿Cuántos muertos más desean agregar a los más de 250 intoxicados con dietilene glycol, a las 81 defunciones con la bacteria KPC y a los 9 por dengue complicado o hemorrágico? El actual decreto propiciará la entrada de medicamentos de baja calidad, seguridad, estabilidad y eficacia y añadirá más pérdidas de vida por la tozudez de un gobierno en el que los intereses económicos están por encima de la salud de los panameños. ¡Atención a esto, pueblo panameño, defiende tu vida y la de los tuyos!

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