POLÍTICAS REPRESIVAS

¿Pena de muerte?: Ramón H. Benjamín M.

El tiempo nos ha dado la razón. La esencia de la política criminal y de seguridad en el período pos invasión ha consistido en el aumento de penas y en la criminalización de los pobres, los jóvenes, los barrios populares, los trabajadores. Como era de esperar, los índices delictivos mantienen la tendencia al alza, pese a los comunicados de la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad que dicen lo contrario. La propuesta de anteproyecto de ley presentada por el diputado Marcos González para establecer en Panamá la pena de muerte mantiene la misma línea de enfocar síntomas para no atender las causas. Se inserta en el imaginario de soluciones a la fuerza transmitido por políticos irresponsables para aparentar hacer algo frente a la criminalidad, aunque no sean propuestas con sustento lógico y científico. Es otra manifestación de una cultura machista y antidemocrática que pretende resolver a gritos, puños y balas los problemas sociales. Esta línea nos llevaría a pensar, después de su eventual aprobación y la más que segura ausencia de resultados, que el siguiente paso sería legalizar la tortura.

El impacto mediático de la propuesta acaricia el oído de la población acostumbrada, aunque su proponente sabe que es inconstitucional y que no debería salir con vida del proceso legislativo, no debería ser sancionada por el Ejecutivo ni resistiría el examen sobre su constitucionalidad. El artículo 30 de la Constitución prohíbe la pena de muerte. Además, no hay sitio en el mundo en que tal castigo haya reducido los niveles de criminalidad, por lo que más de 30 países la han abolido en los últimos 10 años.

Los activistas de derechos humanos acompañan a las víctimas en su dolor y comparten la preocupación por el alto número de homicidios, femicidios, delitos contra la integridad sexual y la seguridad colectiva en contra de personas o grupos vulnerables. También manifiestan preocupación por las denuncias de delitos contra la administración pública y contra el orden económico que cometen otros sectores sociales, sin el mismo eco e indignación en nuestras autoridades.

Los activistas de derechos humanos reiteran la necesidad de políticas sociales preventivas, integrales, junto a mejoras en el sistema de administración de justicia que asegure tanto la sanción como la reparación justa a las víctimas, y la adecuación del sistema penitenciario a sus fines de seguridad, rehabilitación y defensa social para cerrar el ciclo de reincidencia. Ellos no desatienden a las víctimas, al contrario, procuran evitar que cualquier persona se convierta en una. Pero no definen las políticas públicas que podrían tener tales efectos. Eso es responsabilidad de los gobernantes, que no escuchan, no consultan, no quieren que nadie participe. Encuentran electoralmente rentable hacerse los machos y traducir en votos el sufrimiento de las víctimas, al desarrollar la política de miedo.

El fracaso reiterado de la pena de muerte y las políticas represivas durante todo el tiempo en que han sido aplicadas, la desigual aplicación de la ley sobre distintos sectores sociales, la débil independencia de las instituciones judiciales y su uso para fines personales y políticos, junto al carácter irreparable de la pena de muerte, en efecto, nos da la razón para estar en su contra.

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