PREOCUPACIÓN CIUDADANA

Permisos de armas para pandilleros: Ramón A. Mendoza C.

Según informes de policía, en diferentes operativos se ha detenido a pandilleros que portaban armas de fuego, con su debido permiso. Siendo el pandillerismo un delito, queda la interrogante de cómo uno de sus miembros logra obtener una licencia para el porte y posesión de armas de fuego.

La respuesta es que la ley lo permite. Este argumento, similar al formato utilizado en las deposiciones de la señora contralora ante la Asamblea Nacional, no deja de ser una falacia legal.

Para obtener un permiso de armas se tiene que pasar por un tamiz bastante complejo, lo que no es óbice para que las autoridades policivas, en uso de sus facultades constitucionales y legales, puedan diligenciar una estrategia de inteligencia destinada a prevenir la adquisición legal de armas por parte de pandilleros u otros delincuentes. Y ello es así, porque parte de las funciones policiales es la prevención. Con esa finalidad, cuentan con todo un andamiaje de mecanismos y organismos, tanto administrativos como de inteligencia, para los que se les ha proporcionado cientos de millones de dólares en los últimos años.

Ninguna ley es perfecta, si así fuera no necesitaríamos organismos de ejecución ni de vigilancia. Esto es parte del trabajo policial. La policía tiene que saber quiénes pertenecen a las pandillas o están vinculados a estos gremios criminales.

La diaria experiencia en el campo les lleva, incluso, a conocerles personalmente, ese es uno de los gajes de ser policía. Entonces, crear un sistema de advertencia, que no requiere grandes complejidades informáticas ni soberbias estructuras administrativas, garantizaría en gran medida que los miembros de pandillas o presuntos miembros de tales grupos no posean armas de fuego, de forma legal.

Pero resulta que, desde la perspectiva policial, la ley y los propietarios legítimos de armas son los responsables de que los pandilleros obtengan permisos para portarlas. La solución que proponen es reformar la ley existente de tal manera que se limite al extremo el otorgamiento de licencias, perjudicando así a miles de ciudadanos que cumplen cabalmente con todos los requisitos para hacer el trámite. En especial ahora, cuando los índices de criminalidad e inseguridad se han desbordado, ante una evidente incapacidad policial, producto de la falta de una entidad estructural e integral de seguridad interna. Mientras las pandillas se baten a tiros y los delincuentes asaltan a mansalva, a diario presenciamos el espectáculo de ver a cualquier funcionario de mediana importancia custodiado por guardaespaldas armados y pagados con nuestros impuestos. Sin embargo, al ciudadano honesto, calificado para tener una con el fin de defenderse a sí mismo, a su negocio o a sus familiares, se le quiere limitar tal derecho.

Ante la certeza de que la policía no puede garantizar nuestra seguridad y debido a la incapacidad económica de contratar guardaespaldas, lo que parece más justo y acertado es reglamentar la ley de armas y afinar los estamentos de inteligencia policial, que eviten que los pandilleros tengan acceso legal a estas. Los demás argumentos son falacias legales para encubrir irresponsabilidad e incapacidad.

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