AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

Pescando en río revuelto: Orlando Acosta

El anuncio de Sacyr Vallehermoso, uno de los integrantes del consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), de abandonar los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, abogando una millonaria negociación unilateral, me suena en el argot popular como pesca en río revuelto o el más vil de los juega vivo.

El megaproyecto de ampliación del Canal de Panamá es una de las más grandes obras civiles, sino la más grande obra, que se ejecuta en el planeta y cuyo alcance modela e impulsa la modernización del sistema de puertos en el continente, así como las reglas de juego en la industria marítima internacional donde la Autoridad del Canal de Panamá juega un rol clave.

La decisión panameña de construir un tercer juego de esclusas o ampliar el Canal de Panamá se toma bajo el ejercicio democrático de un gran referéndum que se fundamenta en lo que establece el artículo 325 de la Constitución de Panamá: “cualquier propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas o ya sea un canal a nivel en la ruta existente que proponga la Autoridad del Canal de Panamá, tiene que ser aprobado por el Órgano Ejecutivo y ser sometido a la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá para su aprobación. De ser aprobado por esta, finalmente deberá ser aprobado en un referéndum nacional realizado no antes de 90 días luego de ser aprobado por la Asamblea”.

La propuesta para la ampliación del Canal de Panamá fue presentada al pueblo panameño el 24 de abril de 2006 por el presidente de entonces, luego de años de estudios por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El proyecto aprobado crearía una nueva línea de tráfico a lo largo del Canal a través de la construcción de un juego de esclusas que incluiría los siguientes componentes: construcción de dos complejos de esclusas -una del lado pacífico y otra del lado atlántico - cada una con tres cámaras, que incluyen tres tinas de reutilización de agua; la excavación de tres nuevos canales de acceso a las nuevas esclusas y el ensanchamiento de los canales de navegación existentes y la profundización de los canales de navegación y la elevación del nivel de operación máximo del lago Gatún.

De acuerdo con la ACP, el proyecto tendría un costo estimado de 5 mil millones de dólares, sería auto financiado por incremento de los peajes y tomaría aproximadamente 7 u 8 años construirse.

La ACP anuncia el acto de licitación y se fija el 3 de marzo de 2008 como fecha para que los interesados presentaran propuestas para el gran proyecto. Un largo itinerario de reuniones, visitas e inspecciones fue agotado para esclarecer todas las dudas sobre el alcance y la complejidad del proyecto.

En diciembre de 2007, la ACP anuncia las empresas precalificadas, entre ellas el consorcio GUPC, al que fue adjudicado el proyecto. El contrato por las obras se consigna entre la ACP y GUPC y quedan establecidas las reglas del juego, incluyendo cronogramas, diseños y sobre todo los mecanismos para ventilar diferencias establecidas. El consorcio GUPC es solidario entre ellos y se compromete a terminar la obra contra viento y marea. El contrato se consigna y las fichas estaban vistas sobre la mesa.

Las obras se inician en las fechas previstas y con tropiezos previsibles, hoy, a enero de 2014 los dragados en las entradas del Pacífico y Atlántico están concluidas al 100% y los distintos componentes en avances relativos, quedando resumido el proyecto de ampliación casi en un 72% de avance.

Hoy, Sacyr Valle Hermoso –hundida en los mercados de bolsa europea – de forma unilateral y fuera del consorcio GUPC, presenta en año nuevo de 2014 -al peor estilo– durante las vacaciones de unos de los representantes del grupo y en duelo por muerte del otro, a la ACP una carta donde se refiere a millonarias cifras por reclamaciones. Lo actuado por la empresa española ha desatado un huracán de opiniones y consecuencias también de orden planetarias.

La institucionalidad y el prestigio de Panamá y de la ACP se cuestionan en medio de un aparente chantaje que violenta las reglas de juego para la construcción de una de las más grandes obras para el mundo y Panamá, condiciones que fueron pactadas mediantes instancias claras donde la negociación unilateral queda vedada, dejando la pesca en río revuelto fuera de los términos de cacería millonaria. Invocamos al respeto de la institucionalidad; defendamos los mecanismos pactados para dirimir los conflictos – previstos e imprevistos- bajo el alcance en la ejecución de unos de los proyectos más importantes del planeta que compromete el servicio exitoso y transparente que viene brindando el Canal de Panamá en manos panameñas desde el año 2000.

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