MINISTERIO PÚBLICO

Pidiendo agua por señas: Rolando Anguizola B.

En el democrático Panamá de la separación de poderes, el Presidente de la República nombra a su gabinete ministerial, notarios, embajadores y cónsules, más 150 mil trabajadores de línea. También designa a miembros de la Corte Suprema de Justicia, manipula la Asamblea Nacional, escoge al procurador de la Administración y al procurador general de la Nación. Presidencialismo exacerbado que, en el pasado reciente, ha mostrado agotamiento por abuso de poder. El pescado comienza a dañarse por la cabeza. Este sistema no produce estadistas, solo confecciona presidentes a la medida.

El procurador general de la Nación goza de las mieles del mando, pero es también un preso con libertad condicional que hace equilibrio sobre el filo de la navaja, por cuanto ocupa el mullido sillón, gracias a que es nombrado (o nombrada) por el Presidente. Viene a caso el suplicio de la exprocuradora Ana Matilde Gómez, enjuiciada, condenada y expulsada del puesto por dudosa falta cometida contra un delincuente investigado por extorsión. Y fue reemplazada por invertebrados que mal pudieron tapar la cloaca puesta al descubierto por el periodismo nacional, que derrochó coraje y valentía combatiendo al expresidente Ricardo Martinelli. Período nefasto para la vindicta pública que no tuvo el coraje de iniciar una sola investigación penal contra ministros y otros personajes que hoy gastan suelas en las escaleras del edificio Avesa, sede de las fiscalías Anticorrupción. Envejecidas y escleróticas arterias que no soportarán por mucho tiempo la alta presión de poner tras las rejas a la mitad más uno de los cuervos del pasado gobierno.

Ciertamente, la institucionalidad del Estado es frágil, y entre uno y otro presidente hubo un cambio radical en el rumbo de la justicia. Tal suceso ocurrió el día de año nuevo de 2015, cuando el primer mandatario de la Nación, Juan Carlos Varela, distinguió con el nombramiento de procuradora general a la abogada, de 48 años, Kenia Porcell. La recién estrenada fiscal de fiscales ha dado muestra de valor y entereza en ejercicio de tan delicado cargo, al frente de un organismo anquilosado, que carece de estructuras modernas, recursos económicos y personal idóneo.

El embrollo monumental ocasionado por las investigaciones penales en curso –y las que faltan– afecta al Gobierno, ayuno de personal aguerrido en la ciencia y el arte de administrar y mandar en tiempos de crisis. Sin embargo, con un golpe de muy favorable efecto, el jefe del Ejecutivo puede aprovechar su mayor acierto político. Ya nombró a la procuradora y ahora necesita darle apoyo incondicional, antes de que los enjuiciables caminen libres de sanción, muertos de risa y dispuestos para la vendetta. Es imperativo reforzar las finanzas (y el honor) de un Ministerio Público carente de sabios de las ciencias penales, abogados, economistas, técnicos en informática, y especialistas en perseguir delitos cibernéticos y de cuello blanco. El capo y sus soldati están amedrentados, pero no derrotados.

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