ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Pobreza y subsidios: Francisco Díaz Montilla

El sentido común indica que los subsidios no son sostenibles. Por supuesto, ello no implica que vayan a eliminarse. En efecto, estos llegaron para quedarse y, en vista de que es poco lo que el Gobierno produce (si es que en efecto lo hace), habrá que considerar seriamente cómo se mantendrán. Hasta ahora, la estrategia gubernamental ha sido sencilla y terrible, aunque no lo hayamos advertido: impuestos, venta de activos nacionales y endeudamiento. De los tres hemos tenido suficiente en los últimos lustros y –por el discurso de quienes aspiran a dirigir al país a partir de 2014– difícilmente saldremos de esa dinámica. El problema es que ni los impuestos ni la venta de activos ni la deuda pueden mantenerse indefinidamente.

Además de su insostenibilidad, los subsidios son incapaces de eliminar la pobreza y –según el Diccionario de Economía y Finanzas (vid. http://www.eumed.net/cursecon/dic/S.htm#subsidio)– “crean desincentivos a la actividad productiva y dependencia, siendo útiles en la práctica solo como paliativos de corto plazo ante situaciones de emergencia”.

¿Por qué, entonces, insistir en su vigencia y profundización? La respuesta es obvia. Los subsidios, sobre todo los directos, se traducen en beneficios económicos que no requieren el esfuerzo de quienes los reciben; es decir, que el beneficiario produzca. Además, son un rédito político en el sentido de que un mercado de pobres al que ofrecer dádivas supone potenciales votantes y, sobre todo, permite maquillar las estadísticas al presentar realidades tergiversadas, haciendo ver que las cosas se hacen bien.

En el escenario más pesimista, el 42% de la población panameña vive en condiciones de pobreza, el 29% en condiciones de pobreza extrema y el 13% en la indigencia; en el más optimista (el gubernamental), dicho porcentaje se reduce a 37.3%, 25.8% y 11.5%, como consecuencia de los programas Red de Oportunidades (del gobierno de Torrijos) y el programa 100-70, creado en la presente administración.

Si nos atenemos al escenario más optimista, estamos hablando de 878 mil 699 personas en condiciones de pobreza, es decir, que viven con menos de $3.00 diarios, y 391 mil 668 personas en condición de extrema pobreza o indigencia, es decir, que viven con $1.80 diarios. En otras palabras, hay un millón 270 mil 367 personas que serán (son) destinatarias de un discurso plagado de promesas de dinero constante y sonante, que no le costará absolutamente nada, ni a quien lo da ni a quien lo recibe, pero sí a los contribuyentes.

La propaganda gubernamental (de ahora y del pasado) busca hacernos creer que la pobreza y la pobreza extrema se están reduciendo mediante subsidios. Tal vez las cifras lo confirmen, pues, estadísticamente hablando, es muy fácil salir de una categoría y entrar en otra cuando alguien (el Gobierno) dispone de recursos y los reparte a diestra y siniestra, sin que haya que rendir cuentas. Pero se trata de algo más complejo: más dinero no necesariamente implica mayor capacidad (productiva, autonomía, deliberativa, etc.) ni mejor calidad de vida.

Dado que los subsidios son políticamente redituables, pero insostenibles, los contribuyentes tendrán que prepararse para más impuestos. A fin de cuentas, no se trata tanto de cargar con los pobres, sino con los políticos.

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