POLÍTICAS PÚBLICAS

Poder absoluto y corrupción: Franklin Castrellón

El político inglés John Dalberg-Acton –conocido como Lord Acton– hizo famosa la frase: “El poder tiende a corromper; el poder absoluto corrompe absolutamente”. Hace poco, Rubén Blades expresó una que ya ocupa espacio en internet: “El poder no corrompe; el poder desenmascara”. Ambas frases reflejan lo que ocurre cuando individuos sin escrúpulos llegan al poder para servirse de él.

En el siglo pasado abundaron gobiernos totalitarios, definidos así los regímenes cuyos gobernantes acumulan todo el poder del Estado. Solo para mencionar algunos, en Europa son famosos los de Adolfo Hitler, en Alemania, y Benito Mussolini, en Italia; y en Latinoamérica los de Rafael L. Trujillo, en República Dominicana; Anastasio Somoza, en Nicaragua; Fidel Castro, en Cuba, y Manuel A. Noriega, en Panamá.

En el siglo XXI, esa práctica que propicia tanto la violación a los derechos humanos como la corrupción, mantiene vigencia en gobiernos elegidos por la vía democrática. En Sudamérica tenemos varios ejemplos, siendo el de Venezuela el más notorio. Salvo por la diferencia ideológica, existen similitudes en la forma como los presidentes de Venezuela y Panamá llegaron a la presidencia y lograron alcanzar el poder absoluto; igual ocurre con la percepción de corrupción que ambos han proyectado.

En el ensayo Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez, publicado en 2006 por el activista anticorrupción Gustavo Coronel, el autor afirma que: “Si bien Chávez ganó elecciones transparentes a fines de 1998, meses después procedió a desmantelar las principales instituciones democráticas del país, con la complicidad de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia”. La lucha contra la corrupción fue una de las principales promesas de Chávez y, según Coronel, “probablemente la más decisiva para su triunfo”. Hoy día, el chavismo controla los poderes del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, que acaba de presidir unas cuestionadas elecciones presidenciales.

En campaña, Ricardo Martinelli afirmó que el Ejecutivo tiene excesivo poder y que, “de continuar esto, vamos a tener un serio problema de gobernabilidad”; al elaborar subrayaba: “aquí hemos visto que presidentes se meten en todos los órganos e influyen en todas las elecciones de magistrados o de la Asamblea Legislativa”. También censuró que el Presidente sea quien designe al Contralor de la República y, en discurso que agradó a las mayorías, prometió combatir la corrupción y a los corruptos.

Pero al asumir el cargo, lo primero que hizo fue iniciar un proceso dirigido a controlar todos los estamentos del poder. La primera de sus promesas fallidas fue la designación como contralora de la exjefa de auditoría de su empresa Importadora Ricamar. Luego inició el proceso de control del sistema de justicia, al promover la remoción de la procuradora Ana Matilde Gómez y designar a cinco de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ignorando las recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia.

Después impulsó la migración de diputados, alcaldes y representantes de oposición a partidos del gobierno, usando para ello partidas del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Y como para enviar un mensaje sobre lo que venía, recibió con honores en Cambio Democrático a algunos alcaldes que enfrentaban cargos por corrupción. En el proceso sus casos fueron desestimados o pasaron al olvido. De las acciones para lograr el control absoluto del poder no escapó la Fiscalía Electoral, que fue entregada a un exmiembro de CD. A fines de 2012 se produjo la primera incursión oficialista en el Tribunal Electoral con la designación de un magistrado que abanicaba la reelección presidencial. Y los magistrados independientes han estado sometidos a ataques sistemáticos desde los medios controlados por el gobierno.

Este escenario ha creado condiciones propicias no solo para la corrupción sino para el abuso del poder. En la primera categoría figuran casos tan evidentes como la compra a sobreprecios de productos regalados por diputados y el traslado a circuitos en otras provincias de partidas asignadas a ellos, casos que no han merecido la atención de la Contraloría; la Fiscalía Electoral tampoco ha prestado atención al uso de fondos públicos con fines proselitistas por algunos funcionarios.

En acto de supremo cinismo, la Asamblea aprobó en 2012 la Ley No. 55 que establece que si en tres meses y 10 días no se concluye una investigación contra un diputado o miembro del Parlacen, se extinguirá la acción penal. Y en acto que ya no sorprende, la mayoría gobiernista aprovechó un proyecto que modificaba el procedimiento de extradición para incorporarle un artículo que reduce el plazo para la prescripción de los delitos de corrupción. El proyecto –toda una confesión– fue aprobado a fines de abril pasado.

En su ensayo sobre Gobernabilidad, corrupción y desarrollo, Miguel Schloss, de Transparencia Internacional, afirma que la corrupción prolifera cuando falta voluntad política para combatirla, transparencia y participación ciudadana, rigen poderes discrecionales, la justicia es frágil, el servicio civil es burocrático y la educación es deficiente. En el caso panameño, resulta obvio que se reúnen todos esos elementos, agravados por la concentración del poder.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

Ediciones anteriores

Loteria nacional

19 Dic 2014

Primer premio

8 1 9 6

CBCB

Serie: 4 Folio: 3

2o premio

0066

3er premio

0013