CONSULTA CIUDADANA

Poder disuasivo de las multas de tránsito: José Espinosa Riquelme

Nadie cuestiona el hecho de que en nuestro país existe un grave problema con la ingesta de alcohol y el uso de los celulares mientras se conduce.

Por estas razones, no me parece correcto que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional, so pretexto de reducir los accidentes de tránsito, hayan incrementado unilateralmente las multas por infracciones al Reglamento de Tránsito.

Ese “amplio poder disuasivo” no debe entregarse a la Policía Nacional o a los supervisores de la ATTT, sin que se realice antes una amplia consulta ciudadana que permita aclarar dudas e inquietudes sobre el alcance de estas sanciones, para evitar malas interpretaciones o excesos de las autoridades competentes.

Como se trata de una medida reglamentaria de orden público, que se aplicará en todo el territorio de la República, debería tomarse en cuenta lo que tiene que decir la sociedad civil organizada. Vivimos en un estado de derecho y no en un régimen dictatorial, donde no se toma en cuenta la voz de los contribuyentes o como su fuéramos unos convidados de piedra.

Hay conocidos resabios por la actitud prepotente, irrespetuosa y abusiva, asumida de forma recurrente por algunas unidades de la fuerza pública contra los particulares, especialmente en retenes y en algunos puntos de la carretera Panamericana.

Resulta suspicaz que el anuncio de estas medidas se haya dado en un momento en que la imagen de la Policía Nacional estaba siendo fuertemente cuestionada por la opinión pública, debido a los abusos policiales e igualmente resulta muy casual que se hayan magnificado algunas escenas televisivas donde aparecen mujeres y hombres cometiendo infracciones de tránsito.

Hasta el punto que en el proyecto de sanciones han sido incluidas las damas que se maquillan mientras conducen, cuando no hay estadísticas que revelen que se han cometido accidentes por este hecho, que no las exime de responsabilidad. Sin embargo, la realidad es que son quienes menos infracciones de tránsito registran en Panamá y en el mundo.

Igualmente, se ha anunciado una multa de 200 dólares a quienes conduzcan con aliento alcohólico. Este tipo de prueba no puede quedar al arbitrio o la discrecionalidad del agente policial. Se deben establecer los rangos mínimos tolerables en este tipo de pruebas y además, la obligación de contarse con los dispositivos de medición confiables para su aplicación.

Hay que ver con lupa el aumento del costo de las multas y la ciudadanía debe sopesar las consecuencias que producirá esta medida más allá de emitir opiniones de apoyo sin exigir a las autoridades competentes una adecuada reglamentación para evitar excesos.

Tras el anuncio de estas sanciones, sin haberse realizado una efectiva campaña de educación vial, se ha creado una percepción en la población que piensa que la medida en lugar de reducir los accidentes de tránsito por problemas de alcoholemia y el uso de los celulares, lo que va a propiciar es mayores actos de corrupción y coimas.

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