PRIORIDADES

Política criminal: Roberto Moreno

Observamos con preocupación que el Estado hizo a un lado la estructuración de una política criminal eficaz, que disminuya la incidencia de conductas delictivas, a pesar de ser una de las mayores preocupaciones del ciudadano. Históricamente, la única política criminal establecida por los Gobiernos ha sido la de penalizar actos y aumentar penas, contrario a los estudios que concluyen que este camino no resuelve el problema.

Para muestra un botón. Existe una iniciativa legislativa para sancionar con hasta 10 años de prisión a quienes hagan llamadas falsas a los servicios de emergencia. Lo que se pretende con esto es positivo, porque busca que los estamentos de atención de estos casos sean más efectivos en la respuesta que dan a la comunidad, sin embargo, pareciera que no se analiza a profundidad si dicha medida se ajusta a la realidad criminal. En primer lugar, de aprobarse aumentarán las responsabilidades de los estamentos de investigación y juzgamiento, obligándolos a destinar fondos de sus exiguos recursos para determinar una posible responsabilidad penal del insensato que llama para gritar lobo, cuando no hay tal peligro. Esto diluye las posibilidades de atender y resolver crímenes de mayor impacto social, como secuestros, homicidios, narcotráfico, violencia doméstica, entre otros.

En segundo lugar, las corrientes modernas del derecho penal, seguidas por la mayoría de los jueces, tienden a la desprisionalización de conductas. En Panamá pareciera haber una regla no escrita, pero tácita, de otorgar base por bolas en el primer turno al bate. Es decir, si un delincuente es llevado por un primer delito, casi siempre, salvo en casos graves, se le dará una oportunidad. La cárcel se impone solo a los violentos o peligrosos. Para otros delitos se aplican multas, suspensión de penas, trabajo comunitario de difícil control, etc. En la práctica, después de todo un proceso desgastante para los entes encargados, el irresponsable que llamó falsamente al ente de reacción en emergencias médicas difícilmente pagará un día de cárcel y, quizás, ni un dólar de multa.

En conclusión, por tratarse de una conducta no violenta y entender que la cárcel empeora a las personas, sabiendo que es poco probable que por una llamada de ese tipo alguien vaya a prisión aun cuando sea condenado después de un proceso penal, y ante la realidad de que los presupuestos asignados a los responsables de investigar y juzgar delitos son exiguos, sin que ello los exima de su deber y de la obligatoriedad de acatar las leyes que dicta la Asamblea, lo más razonable sería darle tratamiento distinto a estas personas, ya sea imponiendo multas a ellos o a sus padres (en caso de ser menores), que fueran a las arcas de esos mismos estamentos de reacción de emergencias médicas y no criminalizar esa conducta irresponsable.

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