JUSTICIA

Populismo penal: Alexander A. Alleyne Botacio

Con sustento en una demanda social, escasamente comprobada, se reitera la construcción e implementación de la política de seguridad del país. Existe una reacción social ampliamente comprobada frente al delito, y la condena viene a significar lo que se denomina el “desquite”. Este implica, de acuerdo a diversos autores, “que la sociedad debe imponer a un delincuente un sufrimiento proporcional al que ocasionó el delito cometido” (Macionis, Plummer, 2003).

El desquite aunado al clamor ciudadano de mejores condiciones en la seguridad suelen ser los factores que conjugan en la mayoría de los casos las reformas de la norma penal. Siendo la constante el endurecimiento de penas hacia determinados conglomerados poblacionales de una sociedad. Desde una postura institucional, es imprescindible buscar culpables y, en la mayoría de los casos, se criminaliza a los pobres, pero como son muchos y diversos, se segmenta a determinado grupo etario o étnico. En el peor de los casos, se conjugan ambas variables y señala con el dedo acusador a menores de edad pertenecientes a la etnia negra o indígena, por ejemplo.

Lo anterior lleva a la puesta en práctica, de manera recurrente, del denominado “populismo penal”. Dicha expresión fue divulgada por el jurista francés, Denis Salas, y definida como: “la estrategia que despliegan actores políticos y del sistema penal cuando hay problemas de (in)seguridad ciudadana, que consiste en calmar el clamor popular mediante apelaciones al aumento de penas, endurecimiento de los castigos, la disminución de la imputabilidad penal juvenil, y la aprobación de una serie de leyes que posteriormente, a la hora de la implementación, no tienen un impacto real en la prevención y la disminución del delito”. (Prats. Los peligros del populismo penal).

Algo de lo anterior hemos y seguimos experimentando. Basta con señalar que en los últimos 15 años, desde el establecimiento de un Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, en 1999, ha sido reformado un estimado de cuatro veces. Siendo la última, a través de la Ley 6 y la Ley 32 que, en el caso del homicidio doloso, se estableció de 6 a 12 años de prisión. Además de disminuir la edad de punibilidad de 14 a 12 años.

En 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo señaló que el 57.8% de los menores de edad fue detenido por “delitos” contra el orden jurídico y familiar, como encontrarse en lugares no aptos para menores y deambular a deshoras. El 4.9% incurrió en delitos “contra la vida y la integridad personal”, de estos el 4.2% fueron homicidios. Los “delitos contra el patrimonio sumaron 9.3%, el 40% de estos correspondió a robos y el 35%, a hurtos. Las evidencias, pueden indicarnos que el clamor popular con rasgos de desconocimiento de la realidad objetiva, es el principal factor de movilidad institucional y política en lo referente a la norma penal.

El populismo penal es uno de los mayores peligros para el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos de las personas. Es reiterada la puesta en práctica de mecanismos de combate a la delincuencia que criminalizan a determinados grupos sociales y hacen de la norma penal un mecanismo que considera al transgresor un enemigo permanente.

El clamor popular debe ser encausado bajo las evidencias, no debe ser considerado el sustento para la toma de decisiones que, en perspectiva, se convierten en aventuras sociales, reforzando las condiciones de exclusión social de los ya excluidos.

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