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REFORMAS

El Presidente y la Asamblea Constituyente: Mario J. Galindo H.

En fecha reciente, el presidente Martinelli ha anunciado que se propone reformar la Constitución. Sus palabras, aparentemente dichas al buen tuntún, han sido interpretadas en el sentido de que el Presidente tiene en mente convocar una Asamblea Constituyente ahora que su mandato está próximo a terminar. No creo que el Presidente, por muy ocurrente que sea, esté de veras pensando en semejante dislate, salvo que hubiese llegado a la conclusión de que tiene las elecciones perdidas, cosa que, en mi opinión y seguramente también en la de él, no es en este momento ni remotamente cierta.

Sea de ello lo que fuere, es evidente que, a estas alturas del mandato del Presidente, el convocar a una Asamblea Constituyente sería un verdadero disparate. Ello equivaldría a darle una patada al tablero político y abocar al país a un auténtico caos. No pueden coincidir, en forma alguna, por incompatibles, las elecciones generales programadas para el año 2014 y las que se convocarían, impróvidamente, para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. Quien no lo entienda así es un irresponsable o algo peor.

Ahora bien, al margen de las consideraciones que anteceden, me tomo la libertad de decir algunas cosas acerca de lo que, en mi concepto, se puede esperar de una Asamblea Constituyente convocada cuando sea políticamente oportuno. Mucho se ha especulado sobre el tema. Se afirma, por ejemplo, que la constituyente es necesaria para “refundar la república”, a fin de darle a esta una estructura auténticamente democrática, porque el corte militarista de la Constitución vigente propicia la instauración de gobiernos autocráticos. Ello no es verdad. La calentura no está en las sábanas. En efecto, todo el que lea con pupila limpia y ánimo desprevenido la Constitución vigente llegará indefectiblemente a la conclusión de que las reformas constitucionales de 1983 le quitaron a la Constitución de 1972 todo vestigio de militarismo.

Sobre el particular me permito transcribir la opinión que reiteradamente sostuvo el profesor don César Quintero en el sentido de que:

“Los miembros de la comisión Revisora de la Constitución de 1972 se excedieron sin duda, en su cometido, ya que, en vez de reformar la mencionada Carta, elaboraron una Constitución democrática y representativa sustancialmente distinta de la que debían revisar. El documento preparado por la Comisión siguió mutatis mutandis los lineamientos de la Constitución demo-liberal de 1946.

Efectivamente, hemos manifestado que el acto constitucional de 1983 superó con creces su proyectado carácter reformatorio, ya que devino una auténtica Carta Magna de nuestra República. Y lo es no solo por la cantidad y calidad extraordinaria de transformaciones que instituyó con respecto a la Carta que supuestamente había de reformar, sino porque técnica y doctrinalmente difiere en forma radical de su antecesora. Es más, puede decirse que el democrático Acto Constitucional de 1983 es la antítesis de la autocrática y autoritaria Constitución de 1972.

En síntesis, ninguna Constitución ha protegido tanto, en lo funcional y en lo económico, al Órgano Judicial como la vigente. Sin embargo, los principales titulares de dicho Órgano hasta ahora no se han dignado estar a la altura de tan señalados beneficios”.

Está, pues, claro que la Constitución vigente nada tiene de militarista y sí mucho de la de 1946, acerca de cuyas bondades todos se hacen lenguas.

Lo dicho no significa, en forma alguna, que nuestra Constitución no pueda ser mejorada. Toda obra humana es por definición perfectible y nuestra Ley Fundamental no es la excepción. Dicho esto creo necesario agregar que de la aprobación de una nueva Constitución no se pueden esperar milagros. Cometen, pues, un error los que promueven la Asamblea Constituyente con el argumento falaz de que la nueva Constitución sería una especie de panacea que resolvería, como por arte de magia, todos los problemas que aquejan al país. Ello no es así. Hay infinidad de problemas que ninguna constitución puede resolver. Traficar con eutopías no es admisible.

Reconozco que en este orden de cosas suscribo, sin reservas, las tesis del Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, en las que afloran su fina sindéresis y su capacidad didáctica. Para ilustrar su posición traigo a colación un ejemplo que le escuché recientemente a Pedreschi. Tiene que ver con las cosas cuya solución no se puede esperar de ninguna constitución, ni nueva ni vieja. Se refería Pedreschi al agudo problema del suministro de agua potable, cuya solución, como es evidente, exige la inversión de muchos cientos de millones de balboas. Sin esa inversión, señalaba Pedreschi, el problema seguirá sin solución, aunque la Constitución –agrego yo– disponga que “toda persona tiene el derecho sagrado de que se le suministre agua potable de la mejor calidad, a precios razonables y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades”. Lo único cierto es que el problema no se solucionará mientras no se inviertan los referidos millones, que, por lo demás, se pueden invertir sin necesidad de ninguna reforma constitucional. Lo que hace falta es que el gobierno priorice el tema, dándole la importancia que a todas luces tiene.

Podría agregar, casi ad infinitum, muchos otros casos de cosas que ningún texto constitucional puede resolver, por sí solo, aunque sea producto de una constituyente originaria integrada por gente docta y proba.

Por otra parte, no hay por qué pensar –como parecen entenderlo algunos– que una Asamblea Constituyente, una vez elegida, se convertirá en un tinglado capaz de generar una coyuntura que, a la postre, traiga cambios revolucionarios en las estructuras socioeconómicas del país. Ello es que el posible carácter revolucionario o progresista o incluso retrógrado de la Asamblea Constituyente dependerá, exclusivamente, de la correlación de fuerzas que, a la sazón, exista entre los partidos y movimientos políticos que se disputen en las elecciones el ejercicio del poder constituyente. Mientras esa correlación de fuerzas se parezca a la existente no puede esperarse que la Constituyente genere rupturas revolucionarias.

A riesgo de incurrir en una digresión, les pongo punto final a estas reflexiones señalando que, en mi concepto, la única reforma constitucional que de veras le interesa al Presidente de la República es la que reduciría de 10 a 5 años el tiempo que debe transcurrir para que los expresidentes puedan presentarse nuevamente como candidatos a la Presidencia de la República.

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